Desde la profundización en la reforma laboral del PP hasta la derogación de las dos últimas normas sobre el empleo, estas son las principales ideas para uno de los grandes problemas del país. A dos semanas de los comicios electorales que decidirán quién ocupa la jefatura del Gobierno los próximos cuatro años, el empleo se sitúa como materia clave en un país que aún supera los cuatro millones de parados. El presidente, Mariano Rajoy, saca pecho por los buenos datos sobre el desempleo respecto a meses anteriores. Pero aún así, el PP cierra legislatura con menos empleos de los que encontró, y la
caída de la calidad del trabajo se sitúa en el centro del debate. Así proponen impulsar el mercado del trabajo y los salarios los principales candidatos a La Moncloa:
El Partido Popular sigue apostando por defender el empleo indefinido dentro de su reforma laboral. Promete que quien contrate a una persona de manera indefinida no pagará la cuota de la Seguridad Social por los primeros 500 euros de salario durante cuatro años y tampoco contribuirá el contratado.
Propone introducir un fondo de capitalización individual «al estilo del conocido como ‘sistema austríaco'», que los trabajadores podrían mantener durante toda su vida laboral y que se haría efectivo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, de desarrollo de actividades de formación o en el momento de la jubilación.
Ciudadanos apuesta por atraer a los autónomos prometiendo que no tendrán que pagar cuota si sus ingresos o superan el salario mínimo interprofesional. A partir de ahí, pagarán conforme a su facturación. También propone un complemento salarial anual garantizado que complemente los ingresos laborales de los hogares, destinado a aquellos trabajadores con salarios más bajos y empleos más precarios.
Recuerda una de sus grandes apuestas, el contrato único indefinido, con indemnizaciones crecientes por despido según la antigüedad del trabajador, y propone un seguro contra el despido mediante aportaciones empresariales equivalentes al 1% del salario.
Podemos también quiere subir de manera inmediata el salario mínimo, que en los dos primeros años de legislatura se situará en los 800 euros al mes. Luchará por implantar la jornada laboral máxima de 35 horas semanales y propone un plan de renta garantizada de 600 euros mensuales ara todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.
En el plano laboral, apuesta por una ayuda complementaria para trabajadores con baja remuneración que les garantice unos ingresos mínimos de 900 euros mensuales. También introduce permisos iguales e intransferibles de paternidad y maternidad y promete a los padres y madres educación universal y gratuita de 0 a 6 años.
El Partido Socialista promete derogar la reforma laboral de Rajoy, elevar el salario mínimo hasta conseguir que en ocho años alcance los 1.000 euros. Promete tres modelos de contrato (indefinido, temporal y de formación) y, paralelamente, negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores con los agentes sociales, que recuperará la causalidad de los despidos e incluirá la «revisión» de los costes, el punto clave de su propuesta de derogación de la ley del PP.
Propone luchar contra el desempleo de los jóvenes sin formación con un plan de estudios básicos y hacer coincidir el permiso de paternidad con el de maternidad, obligatorio e intransferible. También reconocerá a las mujeres un bonus de dos años de cotización a la Seguridad Social por cada hijo.
Unidad Popular, al igual que Podemos, persigue la jornada máxima de 35 horas a la semana. Pero suma la derogación de las dos últimas reformas laborales, tanto del PP como del PSOE (2010 y 2012) y la limitación de los salarios máximos, de forma que el mejor pagado de una empresa no podrá cobrar más de 10 veces que el peor pagado de la misma empresa.
Y como plato fuerte el Plan de Trabajo Garantizado: la creación de un millón de puestos de trabajo con una inversión de menos de un 1% del PIB, 9.600 millones de euros. Serían contratos entre los 900 y los 1.200 euros mensuales en jornadas de 35 horas semanales, financiados por el Estado y gestionados por los Ayuntamientos.
