Los testigos en el juicio por la venta de pisos del Ivima confirman irregularidades en el proceso

El testimonio de una arquitecta de la empresa que tasó las 3.000 viviendas apunta a un fraccionamiento del contrato para obtenerlo ‘a dedo’, según los afectados. Las declaraciones de los primeros testigos convocados por el Juzgado número 48 de Madrid sobre la venta de vivienda pública a fondos buitre “confirmaron las irregularidades del proceso”, sostiene la plataforma de afectados. Una de las más llamativas es que la empresa que tasó el paquete de 32 promociones de pisos bajo el gobierno regional de Ignacio González troceó su contrato con la Comunidad de Madrid “para poder obtenerlo ‘a dedo’ a partir de contratos menores, de manera directa, sin necesidad de concurrir en oferta pública”.

La trampa, sin embargo, no es una sorpresa: la Cámara de Cuentas de Madrid había apuntado hacia esa irregularidad en la contratación de la tasadora, que fijó en 168 millones de euros el valor de los 2.935 pisos del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA), con un valor contable de algo más de 300 millones de euros. Según el órgano de cuentas de Madrid, la empresa de tasación facturó dos veces por 35.000 euros durante el año en que se produjo la operación, 2013. Es algo que, según los denunciantes, ha quedado confirmado con el testimonio de Beatriz Ibernón Sánchez, arquitecta de ST Sociedad de Tasación.

Por otro lado, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) recalca que “inexplicablemente, los dos altos cargos del Ivima interrogados no sabían nada del proceso de constitución de Encasa Cibeles por parte de Azora Gestión y Goldman Sachs”. Los dos últimos fondos se unieron bajo el nombre de Encasa para concurrir al concurso de licitación de compra de los pisos.

Pero es algo que, según los denunciantes, desconocían Beatriz Solano, en aquel momento interventora delegada de la Consejería de Transportes y Fernando Pascual Santodomingo, exjefe del Área de Contratación de la misma Consejería. Ambos afirmaron ante el tribunal madrileño no tener constancia del trámite de ambos fondos de inversión para constituir la sociedad vehicular que finalmente se hizo con las 32 promociones por 201 millones de euros, unos 100 millones menos que su valor contable.

“Estos tres testimonios ante sede judicial arrojan cierta luz al proceso penal que la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de IVIMA mantiene interpuesto contra los responsables de la venta de las 2.935 viviendas públicas e indican que las irregularidades sobre las que hace casi un mes apuntaba la Cámara de Cuentas se confirman”, sostiene la plataforma en un comunicado.

El proceso de venta de los casi 3.000 inmuebles, construidos para un plan de vivienda joven en la Comunidad de Madrid, también ha sido llevado a la cámara legislativa de la Comunidad, que celebra una Comisión de endeudamiento, a petición de Ciudadanos, y por la que ya han desfilado buena parte de los responsables de esta venta. Entre ellos, el expresidente regional por el PP, Ignacio González, y el exconsejero Pablo Cavero.

Las declaraciones de estos primeros testigos responden a una providencia en la que también se solicita a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude un informe sobre las posibles conexiones societarias entre las empresas que participaron en la operación y Bussola 99, la SICAV de Pablo Cavero, exconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid y actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. En concreto, el juzgado demanda esclarecer las “posibles relaciones económicas” entre Bussola 99, Azora Gestión, Encasa Madrid y Goldman Sach Group.

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