CSIF ha asegurado que la facturación de la empresa ha aumentado un 70% y que se está trabajando “a niveles previos a la crisis”. La empresa pública Tragsa ha anunciado que ejecutará el expediente de regulación de empleo (ERE) que ya tenía previsto, después de que el Tribunal Supremo lo declarara procedente el pasado 14 de octubre.
Por su parte, el sindicato mayoritario de los funcionarios, CSIF, ha criticado que Tragsa no haya reconsiderado su decisión a pesar de que su facturación ha aumentado un 70% “y se trabaja a niveles previos a la crisis”, según han indicado a través de un comunicado de prensa.
Este ERE, que fue anunciado en el año 2013 y revocado por la Audiencia Nacional en 2014, podría suponer el despido de 1.336 trabajadores públicos, 726 en la matriz y 610 en la filial. “CSIF considera preocupante la escasa sensibilidad de esta empresa pública con sus trabajadores, más cuando anuncia que va a aplicar este expediente de regulación de empleo sin conocer siquiera el contenido de la sentencia del Supremo”, ya que por el momento sólo está publicado el fallo del Tribunal.
El sindicato de los funcionarios ha advertido de que seguirá intentando hacer cambiar de opinión a Tragsa y en última instancia no descarta convocar movilizaciones contra la ejecución del ERE.
Para CSIF, este expediente de regulación “fue diseñado para la situación de 2013, pero hoy, en 2015, cuando estamos superando la crisis económica, la situación de la empresa es muy distinta”, han sentenciado.
