Las enfermeras madrileñas llevan hasta Canadá la lucha contra sus “estatutos mordaza”

La Asociación Madrileña de Enfermeras ve en la prevista modificación de sus estatutos un atentado “contra los derechos fundamentales” por temor a “una enfermería democrática”. Al grito de “No estatutos mordaza”, las enfermeras se plantan contra su organización colegial. La Asociación Madrileña de Enfermeras (AME) llevará hasta la Asociación de Enfermeras de Canadá, pasando antes por las consejerías de Sanidad y los ministerios competentes, su denuncia contra el “modelo de represión” para acallar críticas que quiere imponer el Consejo General de Enfermería, que incluso contempla inhabilitaciones.

Movilizarse es la pieza fundamental de defensa que tiene la asociación. Primero han pedido a las enfermeras bases que pregunten y recojan apoyos de los colegios provinciales para que no acepten la reforma. Luego, la AME buscará presionar a los colegios de enfermería para que se nieguen a la medida ya que si no “serían responsables”, según Alda Recas, portavoz de la agrupación. Y por último, pero como uno de los primeros pasos, han pedido ayuda al Comité Internacional de Enfermería –a la que ya se le ha pedido una videoconferencia- para que se posicione ante la modificación. Precisamente un comité que ya ha defendido a las implicadas cuando han chocado anteriormente con Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería y propulsor de las sanciones.

La portavoz de la AME ha declarado que las enfermeras “no contemplamos la idea de que salga adelante” el cambio de los estatutos. Recas ha deseado que “se frene” lo impulsado por el Consejo de Enfermería y que todavía debe pasar por el Ministerio de Sanidad. Un Consejo de Enfermería que regula a más de 240.000 enfermeras en España y que obliga a las mismas a pagar una cuota para colegiarse y así poder trabajar. Las enfermeras entienden que lo que promueve su presidente “atenta contra los derechos fundamentales, contra la libertad ideológica y de expresión”. Buscando el motivo de este nuevo borrador, Recas ha sospechado que es “porque no quieren una enfermería democrática, no quieren que seamos críticos”.

Un cambio en los estatutos en el que se habla de sanciones con “falta muy grave” a “cualquier profesional que vulnere el honor, la dignidad, intimidad y/o propia imagen de cualquiera de los órganos unipersonales o colegiados de la Organización Colegial, a través de cualquier medio verbal o escrito; incluido las cometidas a través de Internet y redes sociales”.

La sombra de una posible inhabilitación del ejercicio profesional entre tres meses y un año y la suspensión también de su condición de colegiadas son algunas de las medidas a las que se podrían enfrentar las enfermeras en caso de criticar a sus dirigentes. Y para frenar lo impuesto, las enfermeras, además de movilizar a diversas instituciones, constituirán un comité de Crisis y Seguimiento y una campaña nacional de concienciación. Para un posible choque judicial, la AME llevará a cabo un crowdfunding para financiar los gasto jurídicos.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha defendido en Cadena Ser esta modificación: «A mí me llaman hijo de puta, o que me van a romper las piernas porque es muy barato, eso en qué cabeza cabe. Si eso es lo que defienden estos señores, entonces hay que echarles de la profesión, eso no se puede permitir, faltaría más».

No sólo las críticas se recogen en el artículo sino que se ha pasado de ocho situaciones consideradas como falta muy grave a 24. González Jurado ha anunciado que será la Comisión Deontológica del Consejo General de Enfermería quien decida en qué casos se sanciona, de forma “completamente independiente”.

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