El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en contratos de todos los ministerios

El informe de contratación pública de 2012 elaborado por el Tribunal de Cuentas recoge cómo todas las carteras incumplen de forma recurrente la ley de contratación. La publicación del informe de la contratación estatal de 2012, a cargo del Tribunal de Cuentas, vuelve a recoger un rosario de irregularidades: órganos dependientes de todos los ministerios han incumplido la Ley de Contratos del Sector Público, además de otras entidades públicas que no dependen de ninguna cartera central.

Pero el informe no analiza todos los contratos públicos del 2012, sino apenas un tercio de ellos, principalmente los de mayor cuantía. Según el Tribunal de Cuentas, se ha realizado una “fiscalización selectiva de la contratación, priorizando las distintas áreas de riesgo, en los diversos tipos de entidades, atendiendo a su naturaleza y al régimen de contratación que les es aplicable”. De esta forma, el regulador ha recibido 1.383 expedientes cuyo importe asciende a 2.739 millones de euros, “de los cuales se han fiscalizado 377 cuyo importe asciende a 1.733 millones de euros”, explica el Tribunal, que ha analizado así el 63% del importe total contratado ese año.

Tal como recoge la web El Boe Nuestro De Cada Día, que ha analizado a fondo el informe, uno de los grandes incumplimientos es el “uso del procedimiento negociado para formalizar acuerdos previos con un empresario, y la falta de publicidad y justificación” de las adjudicaciones. En muchos casos no se llega a negociar con los empresarios que concurren a la oferta, tal como debiera hacerse en el método de contrato “negociado”. En su lugar, se evalúan las ofertas sin renegociar los términos, con lo que la modalidad pierde su sentido, y el informe destaca que “en determinados supuestos”, hay un “acuerdo previo” con el empresario que “limita, al menos, el acceso de otras empresas del sector a la licitación”.

También se denuncia falta de precisión a la hora de fijar los criterios para un contrato, lo que da pie a concesiones arbitrarias. Las entidades públicas “no informan de las razones que les llevan a adjudicar a un empresario y no a otro”, resume el mismo medio. Además, el informe también recoge contratos ‘a medida’ para ciertas empresas: es recurrente la oferta para participantes que hayan realizado el servicio anteriormente para el mismo órgano, lo cual no hace sino beneficiar a las empresas ya contratadas.

En general, el informe enumera incumplimientos sistemáticos de la ley de contratación pública en lo referente a la justificación de los contratos o de la elección hecha tras el concurso, así como de las obligaciones de publicidad que requieren estos procesos. La ilegalidad de los procesos se traducen en mayores costes y retrasos en la contratación, que normalmente quedan sin sanción.

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