El responsable de la sociedad pública creada para el proyecto que despilfarró 105 millones sostiene que nadie quería firmar las cuentas desde 2010. La Comisión de Endeudamiento en la Asamblea de Madrid sigue dando titulares sobre el despilfarro de anteriores gobiernos regionales. El apoderado entre 2011 y 2013 del Campus de la Justicia, que despilfarró 105 millones de euros en un proyecto truncado, ha sostenido que se cansó “de dar con los nudillos en las puertas para que se agilizase su disolución”: “Tras las elecciones de 2011 nadie quería saber del Campus de la Justicia”, ha afirmado Javier Rodríguez.
Aprobar las cuentas era el paso necesario para liquidar la sociedad, 100% pública, Campus de la Justicia S.A. El macroproyecto para aglutinar todas las sedes judiciales nació en 2006 con un presupuesto de 130 millones, y se alargó durante los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González. El argumento era que la Comunidad de Madrid gasta al año casi 40 millones de euros en los alquileres para los órganos de la Justicia. En 2010 se decidió que el proyecto no seguiría adelante, pero los fondos siguieron llegando hasta 2012, año en que finalmente se toma la iniciativa.
El que fuese apoderado del proyecto durante año y medio ha detallado que trasladó a los responsables de la Consejería en 2010 la necesidad de avanzar el proyecto de liquidación de la sociedad. Así lo ha manifestado en la comparecencia en la Comisión de Endeudamiento de la Comunidad de la Asamblea de Madrid, solicitada por Podemos, para explicar su función en la sociedad Campus de la Justicia y donde ha relatado que las cuentas de 2010 no contaban con ninguna irregularidad, a pesar del «ruido» sobre esa posibilidad, y que existe un informe favorable de la Intervención General de la Comunidad.
Rodríguez también ha sostenido que el contrato con el arquitecto Norman Foster se licitó por una cantidad superior de 13 millones de eurosy se adjudicó en cerca de 10,6 millones, pago que se realizó antes de que formara parte de la sociedad. Este contrato fue particularmente polémico porque la sociedad pública no fue capaz de encontrar el contrato por el que el gobierno autonómico de Esperanza Aguirre contató al afamado arquitecto Norman Foster, al que después pagó 10,6 millones de euros en concepto de indemnización.
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