El consistorio insiste en su malestar por las consecuencias de productos financieros de alto riesgo. En 2014 los ‘swap’ se hicieron con 1 de cada 3 euros del gasto financiero municipal. Fuentes consistoriales ponen cifra a las consecuencias del uso de un derivado financiero conocido como ‘swap’ por parte de Alberto Ruiz-Gallardón, exalcalde popular. Según publica Eldiario.es, el equipo de Manuela Carmena calcula que el consistorio ha afrontado unos costes extra de 247 millones de euros por este concepto. Los ‘swap’ son polémicos por su elevado riesgo. Protegían al Ayuntamiento en el caso de subidas de tipos de interés por deudas a tipo variable. Por el contrario, si los tipos caen, es el consistorio el que debía asumir el sobrecoste para el prestamista. Y eso fue lo que ocurrió, ya que desde 2009 los tipos de interés en la zona euro han estado por debajo del 3% y después cayeron hasta el 1%.
No es la primera vez que el equipo económico de Ahora Madrid, liderado por el concejal Carlos Sánchez Mato, alza la voz contra este tipo de deudas heredadas de gobiernos anteriores: hace menos de dos meses el concejal criticaba “altas dosis de ilegitimidad” de este lastre para las cuentas municipales. Sánchez Mato denunciaba en agosto, según recogía ElBoletin.com, que el consistorio pagó 66 millones de euros solo en 2014 por este producto, también llamado claúsula suelo, lo que supone un tercio del total del gasto financiero de la capital. “Es una verdadera barbaridad desde el punto de vista financiero», valoraba.
Según publica hoy el mismo medio, los 247 millones de euros extra por este tipo de deuda proceden de los contratos firmados por Gallardón para financiar la construcción de la M-30. La cifra es el resultado de sumar todo lo pagado por el consistorio hasta el pasado mes de agosto de 2015, aunque en su mayoría, los contratos de los que proceden vencen dentro de una década. Los préstamos adscritos a los ‘swap’ ascienden a casi 2.000 millones de euros, y se contrajeron en parte con BBVA y Bankia, por aquel entonces Caja Madrid, además de otras entidades extranjeras.
“¿Qué ocurre? Que queremos afrontar las necesidades sociales de los ciudadanos sin subordinarlas a la deuda” lamentaba Sánchez Mato este verano, al presentar la auditoría que el consistorio tiene previsto elaborar. Recordaba que el equipo municipal no contemplaba dejar de pagar ninguna deuda, independientemente de su “legitimidad”: “Técnicamente tenemos capacidad de recaudar, afrontar las políticas sociales y los compromisos financieros, incluso los ilegales e ilegítimos”, sostenía.
