María Teresa de la Iglesia, diputada de C’s, ha presentado una Proposición No de Ley para que Madrid garantice la gratuidad de estos centros. La diputada de Ciudadanos (C’s) en la Asamblea de Madrid, María Teresa de la Iglesia, ha exigido al gobierno de Cristina Cifuentes que “cumpla la normativa de la gratuidad de las enseñanzas concertadas”. Además ha presentado en el Registro de la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley solicitando al gobierno regional a que “incorpore una actuación específica que garantice la gratuidad en los términos que establece el artículo 88 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa”. En concreto, el artículo citado insta a que “las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito”.
De la Iglesia ha explicado que tras aprobar la Consejería de Educación el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2015/2016 “ha dado luz vez a 14 actuaciones que nada tienen que ver con la supervisión de la Inspección Educativa de las actividades complementarias, extraescolares y servicios escolares complementarios” ni con “la atención especial que debería prestarse a la información proporcionada por los centros a los padres sobre el carácter voluntario de las actividades y servicios ofrecidos para los centros concertados”.
“Hay que garantizar en el Plan General de Actuación de la Inspección de Educación una actuación específica de los servicios de inspección educativa”, ha puntualizado la diputada de C’s y ha destacado que “el carácter voluntario y no lucrativo de las actividades escolares, extraescolares y servicios escolares es fundamental”.
Según los datos de la Consejería de Educación relativos al curso presente, la enseñanza concertada y privada suman 1.706 centros activos en la Comunidad de Madrid frente a los 1.874 públicos. Según informa el Mundo, en los últimos 13 años el Gobierno regional ha cedido cerca de 1,7 millones de metros cuadrados de suelo público a empresas y consorcios.
