El exdirector de la fundación CatDem ha opinado que el Estado hace las acciones que tocan y sus aliados hacen la propaganda. La operación de la Fiscalía Anticorrupción ha provocado un auténtico terremoto en la política catalana, que preparaba la recta final hacia la campaña electoral del próximo 27S. Convergència ha recurrido esta mañana a su argumentario clásico para defenderse de las sospechas de corrupción y ha acusado a la Fiscalía de querer influir en dicha campaña. “Es evidente que con la actuación policial no había voluntad de saber la verdad, sino de montar un espectáculo público y mediático”, ha explicado el número dos de la formación, Josep Rull.
Para el coordinador general de CDC, “alguno ha querido entrar en campaña antes de hora”. “Desde el 9-N, sabemos para quién actúa la Fiscalía. Está clara la intención política de la operación”, ha rematado. Eso sí, ha advertido que el registro policial practicado esta mañana en la sede de la fundación CatDem no altera los planes del soberanismo. “El objetivo de un estado propio es granítico”, ha recalcado.
Además, Rull ha apuntado que las cuentas son claras, están auditadas y transparentes. “Hay alguno que tiene interés en que la actuación tenga incidencia en la campaña. Pero hemos hecho bien las cosas. Que dejen que la gente se exprese. No hace falta que haya interferencias políticas a través de otros mecanismos”, ha apuntado.
“La operación policial demuestra la debilidad del Estado que no puede impedir que el pueblo se exprese. Quieren influir en la campaña con este espectáculo público”, que “no está al servicio de la justicia”, ha rematado Rull, que además, ha agregado que no le “sorprendería nada” que durante la campaña hubiera detenciones relacionadas con supuestos casos de corrupción antes del 27S.
Asimismo, ha insistido en que las cuentas de CDC están auditadas por el tribunal de cuentas y ha destacado que Teyco y Bluegreen, empresas vinculadas a los Sumarroca, investigadas por la Fiscalía, han hecho aportaciones a la fundación CatDem por valor 150.000 y 207.000 euros, respectivamente, en los últimos años.
Por su parte, el exdirector de la fundación CatDem, Agustí Colomines, ha considerado que los registros de las sedes de CDC y la fundación CatDem son un movimiento del Estado contra el proceso soberanista catalán. “Es evidente que el Estado hace las acciones que tocan y sus aliados hacen la propaganda. Ya está. Y punto”, ha criticado en declaraciones a TV3.
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