El concejal de Economía considera que algunas deudas contraídas por anteriores gobiernos municipales son altamente «ilegítimas». El equipo municipal de Ahora Madrid critica las “altas dosis de ilegitimidad” que tienen algunas de las deudas contraídas por los gobiernos anteriores de la capital. El encargado del Área de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado hoy la puesta en marcha de la Auditoría Ciudadana de Deuda y Políticas Públicas, y ha sostenido que el consistorio pagará durante este año, al menos, 66 millones de euros en cláusulas suelo, un derivado financiero conocido como ‘swap’ que se queda con 1 de cada 3 euros del gasto financiero de la capital. “Es una verdadera barbaridad desde el punto de vista financiero», ha valorado.
En opinión del concejal los gastos financieros están «claramente sobredimensionados” por estas cláusulas suelo, cuya cifra no está cerrada porque dependen, diariamente, del movimiento de estos derivados. El objetivo teórico de los ‘swap’ es protegerse ante hipotéticas subidas de los tipos de interés en los préstamos asociados a productos de suelo. Son polémicos por su elevado nivel de riesgo.
Estos productos protegían al Ayuntamiento en el caso de subidas de tipos de interés por deudas a tipo variable. Por el contrario, si los tipos caen, es el consistorio el que debía asumir el sobrecoste para el prestamista. Y eso fue lo que ocurrió, ya que desde 2009 los tipos de interés en la zona euro han estado por debajo del 3% y después cayeron hasta el 1%.
A raíz de las declaraciones de la alcaldesa, Manuela Carmena, Ahora Madrid manifestó su intención de pagar la deuda del Ayuntamiento, más allá de la realización de una auditoría y de su posible ilegitimidad. Según afirma el concejal de Economía “la deuda de Madrid es sostenible económicamente”, aunque recuerda que el objetivo de su equipo es priorizar las necesidades sociales.
“¿Qué ocurre? Que queremos afrontar las necesidades sociales de los ciudadanos sin subordinarlas a la deuda”. En este sentido, Sánchez Mato afirma que la realización de una auditoría es un proceso de “largo plazo” para que la ciudadanía pueda manifestar qué cambios desea respecto a la gestión anterior. “Técnicamente tenemos capacidad de recaudar, afrontar las políticas sociales y los compromisos financieros, incluso los ilegales e ilegítimos”, sostiene.
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