Las declaraciones de Alonso profundizan en la brecha con Cifuentes, que anunció la vuelta de la cobertura especializada para el colectivo. Según declaraciones del Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en los pasillos del Congreso de los Diputados, el Gobierno persigue una solución “consensuada” para devolver la cobertura sanitaria gratuita a las personas en situación irregular. Pero solo podrán acceder a la atención primaria, “pues esto es lo adecuado según el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud”, indica el ministro.
En este sentido, profundiza en la brecha entre el Ejecutivo central y una compañera de filas en el PP: Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunciaba el pasado viernes un documento específico para que el colectivo recibiera atención primaria y especializada, además de la atención en servicios de Urgencias que reciben actualmente. De hecho, una circular del director General de Asistencia Sanitaria del SERMAS ha instado a todos los centros sanitarios de Madrid a “prestar todo tipo de Asistencia Sanitaria” a las personas en situación irregular «en tanto en cuanto no se realicen las instrucciones oportunas».
El Gobierno se resiste así a desdecir su propia legislación: el ministro defiende los beneficios del Real Decreto que en 2012 retiró la cobertura a los ‘sin papeles’. Cree que la reforma sanitaria de la exministra Ana Mato “mejoró mucho las cosas, abrió la puerta del Sistema Nacional de Salud a españoles que hasta entonces no tenían acceso y corrigió el turismo sanitario”.
El gasto potencial que España asumiría al atender a otros ciudadanos europeos es el principal argumento de Alonso. Sostiene que “el turismo sanitario suponía un coste para las arcas públicas de unos 1.000 millones de euros al año”, y cree que la reforma de Sanidad “ha conseguido consolidar un Sistema Sanitario sostenible y viable, y así garantizar una asistencia pública, gratuita, universal y de calidad para todos los españoles”. En cualquier caso, el titular recuerda que ha convocado a las comunidades autónomas el 2 de septiembre para ultimar una solución “seria y consensuada”.
Además, el departamento fija un protocolo en base a un «registro»: «Las personas en situación irregular deberán acreditar una situación de empadronamiento, los servicios sociales tendrán que determinar en qué situación está». A partir de ahí formarán parte de un registro para obtener un documento y recibir la asistencia, “documento que en ningún caso puede ser una tarjeta sanitaria”, ha puntualizado Alonso.
Para los defensores de la vuelta a la situación anterior a 2012, entre los que se encuentran las plataformas d ella Marea Blanca y la comunidad médica, es esencial que la prestación gratuita incluya la atención especializada, los medicamentos subvencionados y las pruebas diagnósticas.
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