La Comisión Europea aclara que Sanidad «está haciendo una hipótesis, porque no hay ningún procedimiento vigente en España” como el que esgrime el Ministerio. “No es competencia de la Unión Europea decidir quién tiene acceso a la sanidad o en qué condiciones”, es la repuesta de la Comisión Europea ante las amenazas del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, que alertaba sobre “multas millonarias” a las Comunidades Autónomas que devolvieran la cobertura sanitaria a los ‘sin papeles’. “Queda claro que el secretario está haciendo una hipótesis, porque no hay ningún procedimiento vigente en España”, aclara Dimitri Barua, jefe de prensa de la Comisión Europea en declaraciones a ElBoletín.com.
El número dos de Sanidad declaraba ayer en el Congreso que las autonomías que incumplieran el decreto del Gobierno central, que en 2012 dejó sin cobertura sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular, podrían enfrentarse a “consecuencias catastróficas“ en forma de multas y paralización de todos los fondos europeos. Desde Bruselas, en cambio, discrepan: “La competencia de la UE en este ámbito es de coordinación: las directivas de la Unión Europea fijan un marco para que las personas puedan tener acceso a la sanidad cuando se desplazan, se jubilan, etc.”, apunta Barua. “Eso sí, Europa vela para que se trate de igual forma a los ciudadanos de otros países de la UE” respecto a los españoles, aclara.
La UE solo puede velar por la no discriminación entre europeos
Este último punto es el argumento que usa Sanidad para elucubrar sobre posibles “multas millonarias”: “Significa que cualquier ciudadano europeo que venga aquí, tenga o no seguro, le tienes que dar tarjeta sanitaria, según cómo esté escrita la norma», ha avisado Moreno. El secretario hace referencia a un “dictamen motivado” por el que la UE, según explican fuentes de Sanidad a este medio, reclamó en 2011 igual trato para cualquier persona extranjera que llegara a España sin residir legalmente en el país, fuese otro ciudadano de la UE o no.
Las Comunidades Autónomas ‘rebeldes’, en cambio, no dan validez a las amenazas del Gobierno central. Sostienen que las órdenes que han aprobado para devolver las tarjetas al colectivo no dan cabida a que ciudadanos europeos se acojan a esa asistencia sanitaria prevista para los sin papeles. El gobierno cántabro, uno de los que incumple el decreto, excluye a los pacientes que tengan acceso o puedan acceder a cobertura sanitaria en su país de origen.
Aún así, Sanidad esgrime el temor a que se deba atender a los ciudadanos europeos que acudan a esa región tras tres meses de residencia, y que no paguen el seguro en su país de origen. Pero el Ministerio no ha aportado datos sobre cuántas personas podrían estar actualmente en esa situación, teniendo en cuenta que es poco probable que un ciudadano europeo pierda el derecho a la asistencia sanitaria en su país.
No obstante, Sanidad insiste en que su intención es unificar el criterio entre regiones para asegurar la cobertura del colectivo, aunque descartando la devolución de la tarjeta sanitaria como tal.
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