Categorías: Nacional

Las funcionarias podrán pedir la baja por embarazo desde la semana 37

Beteta ha cifrado esta decisión en 180 millones de coste para el Estado y en 883 para las administraciones públicas. Las funcionarias del Estado tendrán derecho a gozar de permisos retribuidos desde la semana 37 de gestación y hasta el día del parto a partir de 2016. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, como medida de apoyo a la familia. Teniendo en cuenta que, un embarazo dura, aproximadamente, 40 semanas, las funcionarias en estado de buena esperanza podrán pedir la baja unas dos semanas antes de dar a luz.

Beteta ha señalado que este nuevo permiso retribuido es una “inclusión importante y novedosa” en las cuentas del año que viene, ya que beneficiará a las empleadas públicas en “el último periodo de embarazo, que suele ser el más complicado”. La comparecencia del secretario ha tenido lugar ante la Comisión de Presupuestos del Congreso.

Asimismo, ha recordado otras medidas positivas para la Función pública que se incluyen en los Presupuestos de 2016, como la devolución del tercer día de asuntos propios –los llamados moscosos– que faltaba por recuperar desde 2012 y hasta los tres canosos, concedidos a los funcionarios en función de su antigüedad.

Además de esta medida, el Ministerio de Hacienda ya anunció el acuerdo alcanzado con las centrales sindicales para “poner fin a la congelación salarial”, que ha afectado a los funcionarios en los últimos cinco años mediante una subida de sus retribuciones del 1% “en consonancia con las mejoras económicas”. En este sentido, Beteta ha cifrado en 180 millones de euros el coste de esta decisión para el Estado y de 883 millones de euros para todas las administraciones públicas, ya que esta decisión de aumento salarial es “normativa básica y de obligado cumplimiento” para todos los niveles de la Administración.

A esto se sumarán los 2.562 millones de euros que costará la devolución del 50% de la paga extraordinaria de la Navidad de 2012 que se suspendió, una medida que las comunidades y los ayuntamientos podrán aplicar o no “según sus planes de ajuste y conforme proceda en la negociación con sus centrales sindicales”. Con esta devolución, los funcionarios habrán recuperado la totalidad de la paga extraordinaria de la Navidad de 2012, ya que recibieron una cuarta parte en enero de este año y obtendrán el restante 25% antes de que finalice este ejercicio.