El Gobierno amaga con una subida de las tasas judiciales para pymes y ONG

Fiscalidad

El Gobierno amaga con una subida de las tasas judiciales para pymes y ONG

    Rafael Catalá, ministro de Justicia

    “Si uno va a bañarse a una piscina municipal paga una entrada”, apunta el ministro Catalá para defender la imposición de las tasas judiciales. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no sólo ha rechazado la eliminación de las tasas judiciales que aún se mantienen, y que afectan por ejemplo a las personas jurídicas, incluidas pymes y ONG, sino que incluso ha apuntado que éstas pueden incluso sufrir un incremento durante la próxima legislatura, una vez que se analicen los costes reales del uso de la Justicia por parte de estos colectivos.

    En una entrevista concedida a Europa Press, Catalá ha defendido que el objetivo es que las tasas se adecuen en lo más posible “a su concepto natural que es la financiación por un particular de un servicio público del que hace uso singularmente”.

    “A nadie se nos ocurre pensar que las autopistas de peaje las paguemos con los impuestos de los que no pasan por las autopistas, pagan los que las usan -explica el titular de Justicia-. Si uno va a bañarse a una piscina municipal paga una entrada, no se paga con los impuestos municipales de los que no usan las piscinas, por citar dos ejemplo coloquiales”, ha dicho.

    Por ello, la eliminación de estas tasas no entra dentro de la agenda de reformas del PP para la próxima legislatura. Catalá se opone a que los impuestos de los españoles financien al 100% la Justicia, “más allá del servicio público de la justicia que tiene un elemento de tutela de derechos”.

    “Pero insisto en que hay muchas entidades que acuden a la Justicia y que tienen pleitos de volúmenes económicos muy importantes de litigios entre empresas, por ello tiene sentido que existan las tasas de personas jurídicas”, ha añadido.

    Cuestión diferente, según Catalá, es que puedan discutirse otros aspectos como el concepto de la temeridad para ser condenado en costas o las cuantías concretas que se cobran. “Pero creo razonable en términos democráticos que con los impuestos de los ciudadanos no se esté pagando un sistema de cobros que tienen las empresas a través de las reclamaciones judiciales”, ha insistido.

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