APIF subraya que esta decisión viene tras una dimisión inexplicada y se toma en el mes de agosto, cuando menos repercusión va a tener. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha criticado la decisión del Gobierno de autorizar al exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce a incorporarse al bufete de abogados Garrigues a pesar de que este se encuentra dentro de los dos años de incompatibilidad con el sector privado tras su cese.
Para APIF, la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses, de carácter público, es “enormemente preocupante” de permitir que Torres-Dulce actúe fuera de la legalidad, ya que esta refleja la necesidad de respetar los plazos de incompatibilidad en los altos cargos.
“Es curiosa en primer lugar la fecha en que se adopta, idónea para disminuir el impacto público de la noticia al conocerse en mitad de agosto”, han indicado desde la asociación de fiscales, añadiendo que también resulta sospechosa esta decisión tras la inexplicable dimisión de Torres-Dulces.
“Creemos que el Fiscal General del Estado es la figura clave para garantizar la aplicación de la ley, decisivo en las estrategias de la Fiscalía en la lucha contra el terrorismo, la corrupción, en las luchas contra los fraudes financieros -que han afectado estos años a importantísimas entidades bancarias-, y además de ser quien decide nombramientos claves en la Fiscalía”, han añadido.
Además, desde APIF han subrayado que Torres-Dulces «es depositario de secretos, de aspectos fácticos de las investigaciones que no deben ser conocidos y que son inherentes a su cargo, conoce de las opiniones que se vierten en las juntas de Fiscalía, de los pareceres de todos los fiscales a quienes quiere consultar».
Ante esto y la inexplicada dimisión, los fiscales han instado a “reflexionar sobre las causas” de ambos hechos y a redactar un código ético que impida que esto vuelva a suceder.
