Los arquitectos ven insuficiente la modificación de la Ley de Suelo de Cifuentes

El Colegio de Arquitectos de Madrid demanda una ley «con pocas reglas pero claras y con vocación de ser cumplidas por todos sin privilegios». La propuesta de modificación de la Ley de Suelo regional anunciada por Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, no es suficiente para el Colegio de Arquitectos de Madrid. Tras el anuncio por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de un cambio en la ley que aún no está cerrado “de forma definitiva”, el decano de los arquitectos en Madrid escribe hoy que “es un paso valiente y necesario pero, es obligado decirlo, no suficiente”.

En una tribuna publicada en El Mundo, José María Ezquiaga sostiene que la modernización del urbanismo de Madrid demanda “tres grandes áreas”: un urbanismo municipal que pase de “la cultura de la improvisación y la excepción a la norma a la de la previsión racional y la transparencia”; un modelo territorial sostenible que no solo ampare el medio ambiente (como ha defendido la Consejería) sino también “la ordenación de las infraestructuras, equipamientos y activos económicos de la región”; por último, “un marco legislativo contemporáneo que de soporte a un nuevo modo, prudente y creativo, de administrar nuestro territorio, paisaje y patrimonio”.

Lo que demanda el decano es una de las reclamaciones clásicas a la política urbanística, una de las áreas más modificadas de la jurisprudencia: normas a largo plazo y menos rígidas, que eliminen la necesidad de continuos cambios en la ley y que eviten la “improvisación fragmentaria”, en palabras de Ezquiaga. “La nueva Ley del Suelo debiera sustentarse en pocas reglas pero claras y con vocación de ser cumplidas por todos sin privilegios”, sostiene el Doctor Arquitecto.

Las tres alturas de Esperanza Aguirre

Se refiere así a algunas de las normas que más quebraderos de cabeza han dado a políticos, constructores y tribunales a los que llegan los pleitos. Esperanza Aguirre introdujo la “norma de las tres alturas” en su periodo al frente de la Comunidad de Madrid. El 2007, se prohibió que las nuevas construcciones tuvieran una altura superior a tres plantas más un ático, persiguiendo “un modelo de ciudad más humano”, en palabras de la expresidenta. Pero el ‘mandamiento’ de las tres alturas contravenía importantes proyectos urbanísticos, principalmente en la capital, como la operación Calderón (en los tribunales), la operación Chamartín y la de Campamento. “La regla de las tres alturas es un buen ejemplo de cómo los efectos indeseados de una regulación bienintencionada pero muy rígida, acaban derivando en modificaciones y excepciones a la norma”, explica el arquitecto.

“La agenda de temas debe olvidar la casuística burocrática del pasado y abordar los grandes temas contemporáneos: la salvaguarda de los recursos ambientales, la puesta en valor del paisaje, la regeneración urbana, el ahorro energético, el derecho a la vivienda, el transporte sostenible, la participación ciudadana y la eficacia de la gestión administrativa”, reclama en su artículo el decano del Colegio de Arquitectos. Recuerda, además, que todas esas cuestiones “se encuentran ausentes de la legislación del suelo actual”.

Oposición y Ayuntamiento desconfían tras el pasado urbanístico del PP

El Ayuntamiento de la capital, en manos de Ahora Madrid, se ha mostrado a favor de un cambio en la Ley de Suelo, para que la norma atienda a las “necesidades de la sociedad, incluidos los consiguientes requerimientos medioambientales». Recuerda, sin embargo, que debería haber consenso entre los agentes implicados y con espacio para la participación de la ciudadanía.

La oposición regional lo pone algo más difícil: Podemos mira con cautela la modificación y reclama a Cifuentes que «renuncie al modelo especulativo del PP», en palabras del portavoz de Urbanismo de Podemos en la Asamblea, Ramón Espinar. El partido morado pide “que el suelo no se conciba como herramienta para favorecer el negocio de unos cuantos y más para crear empleo y bienestar social», y recuerda que el modelo urbanístico popular en Madrid ha sido una «barra libre para que algunas empresas se forraran, no tanto con la construcción de vivienda como con la especulación del suelo”.

Por su parte Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, cree que “hay que consensuar una nueva Ley del Suelo que dure en el tiempo y no se modifique por caprichos urbanísticos”. Considera “intolerable que desde 2001 se haya modificado 10 veces esta norma, la mayoría por la puerta de atrás” y demanda que, “si se va a llevar a cabo esta modificación, hay que garantizar al máximo la protección medioambiental de nuestros espacios protegidos”.

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