La Federación presentó un ERE para once trabajadores y tres directivos. Un grupo de ex empleados ha demandado a la formación para recuperar nóminas atrasadas. La caída de la Federación de Izquierda Unida en Madrid deja a once trabajadores despedidos, que ya llevaban sin cobrar sus nóminas desde hace meses. Según informa Cadena Ser Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IUCM) comunicó a sus trabajadores que estaban despedidos el pasado 31 de julio. No habían recibido ningún salario desde que el grupo perdió la representación en la Asamblea el 24 de mayo. En algunos casos, tampoco habían llegado a cobrar los meses de abril y mayo.
Los trabajadores lograron recaudar 26.000 euros para los principales retrasos pidiendo ayuda a todas las asambleas de la Comunidad. La dirección madrileña alegó, según el mismo medio, la ausencia de ingresos para afrontar cualquier pago.
También recurrieron a la Ejecutiva Federal: lograron reunirse con Cayo Lara, Coordinador Federal de Izquierda Unida, que les manifestó que “no podía hacer nada” y les recomendó demandar a la federación madrileña, como única responsable. Algunos de los trabajadores han denunciado este mismo lunes a IUCM, pero temen no recibir todo el dinero que se les adeuda, según las condiciones del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Además, la sede del partido está cerrada, y según las declaraciones de una trabajadora a Cadena Ser, la plantilla despedida no sabe “quién tendrá que acudir al juzgado”.
Desde IUCM la premisa es clara: no hay ingresos desde que se perdió la representación parlamentaria, y el resto de trabajadores hasta los 14 a los que afecta el ERE presentado por la Federación en julio, son los propios miembros de la dirección. La Federación tampoco tienen fondos para mantener su sede en Madrid, y se espera que para septiembre la formación pueda reabrir una nueva.
La responsable del Área Interna de IUCM, Pepa Marín, explicaba al presentarse el ERE que la intención de la formación era abonar la máxima indemnización posible a sus exempleados. Pero admitía que la deuda de 1,7 millones de euros que mantienen la Federación con Hacienda y otra cantidad similar que adeuda a la Seguridad Social, podían obstaculizar los pagos a la plantilla.
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