Se oponen a la ILP del Comité Español de Personas con Discapacidad para que las rentas altas paguen hasta un 60% de la subvención en materia de dependencia. La Coordinadora de plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia rechaza la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), por considerar que “pretende institucionalizar un copago para las personas en situación de dependencia”. La Plataforma entiende que la propuesta solo “legitima las políticas de privatización que en materia de dependencia está llevando a cabo el Gobierno y las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular”.
La propuesta legislativa del CERMI pide que se instaure el copago según capacidad económica, de manera que las personas que perciban rentas superiores a 1.300 euros mensuales deban sufragar parte de la atención que reciben en concepto de ayuda a la dependencia. Aunque nunca un porcentaje superior a un 60% de la misma, según se lee en la ILP. Pero las asociaciones de defensa de la Ley de Dependencia entiende que el copago abre “la puerta a la destrucción de un Sistema que debiera ser universal y garante de un derecho subjetivo”.
Para la Plataforma, “proponer la instauración de un copago, cualquiera que sea el límite de renta a partir del cual se debe pagar, es aceptar el repago en los servicios públicos”. Considera que las rentas más altas ya contribuyen en mayor medida al sistema a través de sus impuestos, por lo que denuncia que un copago solo conduce a que los propios dependientes palien los recortes que el Estado ha decretado en los presupuestos dedicados a este sector.
Ante la ILP, la Plataforma entiende que la única reforma urgente que necesita el sistema de atención a dependientes es la derogación del Real Decreto que en 2012, “entre otras medidas, suprimió la cotización a la Seguridad Social del cuidador no profesional y recortó los importes de las prestaciones” hasta dejarlas en “cantidades vergonzantes, en muchos casos 20 euros al mes”, según denuncia la Coordinadora Estatal.
“Sería más adecuado, quizás, iniciar las reclamaciones sobre los más de 110.000 dependientes fallecidos esperando a recibir la prestación o servicio público que por ley tenían reconocidos”, sostiene la Plataforma, que prosigue enumerando sus prioridades: “Quizás sería más importante recuperar las cantidades detraídas de los presupuestos generales dedicadas a la atención a las personas dependientes y que coinciden, escandalosamente, con los adelantos en siete años de parte del rescate bancario que el Gobierno ha realizado”.
La palabra copago y sus dos sentidos
La ILP promovida por el CERMI, no obstante, también lucha contra el copago, pero con otra visión. Bajo el lema “No al copago confiscatorio”, entiende el principal problema del sistema para la dependencia ha sido “el de la regulación de todo lo relativo a la capacidad económica” y sobre la capacidad de participación en el coste de las prestaciones. El Comité ya ha superado el número de firmas necesario para trasladar la Inicitiva Legislativa Popular, y pese a que ya se podría presentar en la Cámara Baja, continuará recabando firmas hasta el próximo 2 de diciembre. A partir de entonces, el texto, que pretende reformar la Ley de Autonomía Personal para que se establezcan «criterios justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección social», se presentará en las Cortes Generales y tendrá que ser debatido por los parlamentarios.
Frente a los acrgumentos del CERMI, la Plataforma por la Ley de la Dependencia recuerda: “Los niños no pagan por recibir educación obligatoria en un colegio público, por lo que tampoco debe hacerlo aquel que por su discapacidad y/o dependencia requiere de los servicios prestados en un centro público”, concluye la Plataforma. Por ello, reclama a Cermi un cambio en sus posicionamientos: “Y le tendemos la mano para una unidad de actuación en la que el fin único sea la defensa de los colectivos de personas con capacidades diferentes”.
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