Solo Baleares y la Comunidad Valenciana han devuelto por el momento la tarjeta sanitaria a los inmigrantes. Madrid es una de las comunidades autónomas que aún es fiel al decreto que privó de tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. Según informa el diario ABC, la Consejería de Sanidad de Madrid prevé ahora dotar al colectivo de “credenciales”, asociadas al empadronamiento, para acceder a la Atención Primaria; es decir, al médico de cabecera. Hasta ahora, los inmigrantes sin permiso de trabajo o residencia eran solo atendidos en Urgencias, y se han dado casos de facturación por servicios sanitarios a algunas personas en esta situación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no es partidaria de devolver la tarjeta sanitaria, por lo que ha propuesto la creación de 150.000 “credenciales” para generar una “mayor cobertura”. Nada se sabe sobre los requisitos para acceder a ellas, salvo que estarán asociadas al empadronamiento, ni cómo se ha calculado el número de inmigrantes irregulares residentes en Madrid. Tampoco se conoce por cuánto tiempo se dota de sanidad a los inmigrantes, aunque según ABC podría ser de un año. Las personas que se desplacen a otros países europeos no podrán cargar al Sistema Nacional de Salud (SNS) de los costes de su atención en el extranjero.
No hay fecha de entrada en vigor de la iniciativa, aunque es probable que sea posterior a la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad del próximo 29 de julio.
Desacuerdo en el pleno
En el Pleno ordinario que hoy celebra la Asamblea de la Comunidad de Madrid, el derecho de los inmigrantes irregulares a la sanidad será uno de los puntos del debate, además de los comedores escolares, las tasas educativas y una petición de demora para retrasar la aplicación de la Lomce. El PSOE en la región ha anunciado que pedirá “la cobertura sanitaria universal” en el SNS como derecho constitucional de ciudadanía y/o residencia, en igualdad de condiciones para todos”, y para ello demandará a la presidenta “medidas urgentes, en un plazo inferior a 30 días” para garantizar “acceso pleno a la atención sanitaria y farmacéutica a la población extranjera en situación administrativa irregular”.
Según el grupo socialista en la Asamblea, el gasto farmacéutico al incluir a los inmigrantes irregulares aumentaría en unos 2 millones de euros, frente a los 900 millones que ya paga la región.
Cuatro comunidades autónomas -Andalucía, Navarra, País Vasco y Asturias- no llegaron a aplicar el real decreto de “medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” que aprobó la exministra Ana Mato, y mantuvieron la tarjeta sanitaria para inmigrantes irregulares. Tras el anuncio del nuevo titular Sanidad, Alfonso Alonso, de dar marcha atrás en la medida “por motivos de salud pública”, apenas ha habido cambios.
Solo la conformación de nuevos gobiernos autonómicos ha conseguido que regiones como Baleares y Comunidad Valenciana devuelvan el derecho a la tarjeta sanitaria al colectivo, que según datos de 2012 englobaba a unas 600.000 personas excluidas del Servicio Nacional de Salud. En esas regiones recuperarán todas las prestaciones, y no solo el acceso a la Atención Primaria. Otras comunidades autónomas, como Castilla- La Mancha, piden tiempo para abordar el problema, ya que los nuevos ejecutivos han tomado posesión durante la pasada semana.
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