Tres de las cuatro asociaciones de jueces alertan del intento de Lesmes de “inmiscuirse en las decisiones de los Tribunales a través de la política de nombramientos”. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elige hoy al nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Y lo hace, en medio de duras acusaciones contra el presidente de este consejo, Carlos Lesmes. Tres de las cuatro asociaciones de jueces (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) han alertado de que Lesmes quiere “inmiscuirse en las decisiones de los Tribunales a través de la política de nombramientos”.
Y es que, la cita en el CGPJ se produce tras los rumores que denuncian la existencia de “presiones” a los vocales del órgano de gobierno de los jueces para impedir que el actual responsable de esta sala, el magistrado José Manuel Sieira, renueve su cargo.
Sieira, que aspira a la reelección, es uno de los principales favoritos en esta elección, a la que se presentan los magistrados Eduardo Calvo Rojas, Luis María Díez-Picazo Giménez y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.
“Hemos cumplido un año y medio desde el nombramiento de Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. No podemos sino valorar de forma negativa la actuación del actual presidente, que ha cumplido las expectativas más pesimistas”, afirman las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente en el mencionado comunicado. Un texto que no ha suscrito la Asociación Profesional de la Magistratura.
Para estas asociaciones, Lesmes “hace y deshace prácticamente a su antojo” desde “el presidencialismo más propio de otros tiempos que de una democracia moderna” y, según EFE, observan con “honda preocupación” el nombramiento del presidente de la Sala III del Tribunal Supremo”.
“No dudamos que los vocales del CGPJ nombraran al candidato que se lo merezca por mérito y capacidad”, aseguran estas asociaciones que recuerdan que “la Sala III del Tribunal Supremo es la que controla los actos del Gobierno”
“Cualquier interferencia del poder político en este proceso contribuiría una vez más al deterioro de la credibilidad de nuestras instituciones judiciales”, remarcan.
