Bruselas lleva a España ante los tribunales por los vertederos ilegales

Denuncia

Bruselas lleva a España ante los tribunales por los vertederos ilegales

Comisión Europea

La Comisión Europa abrió en marzo de 2007 un procedimiento de infracción y todavía el Gobierno no ha iniciado las obras para la clausura, sellado y restauración de 61 de esos vertederos. La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por la insuficiente gestión a la que se someten los residuos en las regiones de Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia, según informa el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

A pesar de las advertencias hechas anteriormente por la Comisión, España se ha abstenido de tomar las medidas necesarias para proceder con arreglo a la normativa de la UE en materia de residuos a la clausura, sellado y restauración ecológica de 61 vertederos ilegales.

En virtud de esa normativa, los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos, de forma que no pongan en peligro la salud humana ni el medio ambiente, y han de prohibir por tanto su abandono, vertido o eliminación incontrolada.

Tras haber detectado una serie de vertederos ilegales, la Comisión abrió en marzo de 2007 los procedimientos de infracción pertinentes y emitió en octubre de 2008 un dictamen motivado. Las autoridades españolas prometieron clausurar y restaurar esos vertederos antes de finales de 2011 como parte de sus planes de acción. Debido, sin embargo, a la lentitud del proceso, la Comisión emitió en septiembre de 2014 un dictamen motivado complementario por el que se instaba a España a dar el tratamiento adecuado a 63 vertederos incontrolados que –a pesar de no estar ya en funcionamiento– seguían constituyendo una amenaza para la salud humana y el medio ambiente.

A mediados de 2015, continúa todavía sin proyectarse, aprobarse o iniciarse la mayor parte de las obras necesarias para la clausura, sellado y restauración de 61 de esos vertederos. En estas circunstancias, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE con objeto de forzarla a acelerar el proceso.

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