La ONCE critica la falta de actuación de la Administración ante lo que considera una red de juego ilegal que mueve 82 millones de euros al año. Todas las sedes de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno serán hoy el marco para la manifestación de los trabajadores de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en contra del juego ilegal.
La Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO-UGT), protesta por “la falta de actuación de la Administración contra la ‘lacra’ del juego ilegal”. La plataforma de trabajadores considera que el juego ilegal “campa a sus anchas” a día de hoy, poniendo en riesgo el trabajo de los vendedores de la ONCE.
El lema que utilizarán, “El juego ilegal no es un juego”, quiere denunciar que “100.000 ciudadanos son engañados cada día”, en palabras del sindicato. Creen que la Administración pone en marcha actuaciones “muy escasas” y “poco rotundas” ante las redes del juego ilegal. Los trabajadores temen por “la imagen” de la ONCE, así como por el futuro de sus más de 20.000 vendedores “todos ellos personas con discapacidad”, recuerdan.
El sindicato ha redactado las principales razonas para defender esta iniciativa. Entre ellas, la falta de derechos de los consumidores al no observarse ninguna regulación ni control de las emisiones y pago de los premios; el engaño que pueden sufrir miles de personas, muchas de ellas ancianos y, en tercer lugar, la recaudación del juego ilegal: más de 80 millones de euros al año se reparten entre una veintena de “supuestas organizaciones, entre la que destaca OID”, que se lleva unos 60 millones de euros.
La Organización Impulsora de Discapacitados (OID) mantiene una larga batalla judicial contra la ONCE, que le acusa de vender boletos sin realizar sorteo. La OID vincula directamente sus números a los premiados en el sorteo de la ONCE, por lo que ésta les acusa de celebrar rifas “fraudulentas”. Asímismo, la OID ha criticado el “monopolio” de la ONCE en este tipo de sorteos. Según datos de la Policía, el boleto de la OID supone un 50% del juego ilegal en España, pero se sigue vendiendo a diario.
Hace apenas unos días, el sindicato que aglutina al 90% de los trabajadores de la ONCE, aportaba datos sobre la extensión del juego ilegal: en el conjunto de las comunidades autónomas, había un total de 22 asociaciones vendiendo juego ilegal en las calles en 2014. Para ello utilizaban 3.592 colaboradores, todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales, con unas ventas totales estimadas en ese año de más de 82 millones de euros. Estos hechos han sido reiterados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), y, en ocasiones, han llegado a agresiones a vendedores y vendedoras de la ONCE.
Además, el sindicato recuerda que “el juego ilegal no aporta ni un solo euro a las arcas públicas”, por lo que representa un supuesto caso de fraude fiscal para el Estado y las Comunidades Autónomas. Por otro lado, advierte sobre la situación de explotación en la que pueden acabar muchas de las personas que trabajan en estas redes de juego ilegal.
