Cada comunidad decide si paga el retiro dorado de sus expresidentes con sueldos de hasta 112.000 euros, si mantiene un consejo mas austero o si, como Cantabria, renuncia a él. Los Consejos Consultivos autonómicos protagonizan esporádicas apariciones en los medios para regresar rápidamente al armario oscuro de las instituciones menos conocidas, peor valoradas y más controvertidas. Allí, justo detrás de las diputaciones y el Senado, siguen consumiendo alrededor de 30 millones de euros al año y dando cobijo a ex altos cargos de la política autonómica o de la Administración central.
Al inicio de semana se conocía que el ex presidente madrileño Ignacio González pasaría a formar parte del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid -uno de los últimos en crearse pero de los que más gastan- a pesar de que su compalera de filas y actual presidenta, Cristina Cifuentes, había pactado con Ciudadanos su eliminación. Mientras tanto, los también exregidores Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina podrán darle la bienvenida a un puesto pagado con algo más de 100.000 euros brutos anuales.
Y cada vez que un nuevo expresidente se suma a lo que muchos califican de auténtico “chollo” nos preguntamos: ¿Para qué sirven, cómo se regulan, qué características tienen según regiones?
Los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas, a imagen y semejanza del Consejo de Estado, son órganos auxiliares que velan por la observancia de los Estatutos de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico. En la práctica, se manifiestan a través de dictámenes -siempre ajustados al Derecho de la administración pública y en la mayoría de los casos no vinculantes- que tratan de ayudar a los gobiernos a legislar mejor. Existen en todas las comunidades autónomas salvo en Cantabria, y la diferencia entre unos y otros es notoria en muchos aspectos.
Se definen como cuerpos técnicos y no representativos, por lo que la polémica sobre si deben acoger a exrepresentantes políticos está continuamente servida: la experiencia de los que fueron regidores frente a expertos estrictamente técnicos para asesorar a los legisladores.
Ninguna normativa general establece el número máximo o mínimo de consejeros, pero sus sueldos oscilan entre 57.000 y 112.000 euros anuales y cuentan con un equipo de letrados para llevar a cabo su trabajo. En general, deben ser juristas con entre 10 y 15 años de experiencia o entrar desde la presidencia autonómica. En el caso de Madrid, también se prevé la entada de exalcaldes o altos cargos en la escala autonómica o estatal. Ignacio González sería el 11º expresidente que se convierte en consejero, tras sus antecesores Leguina y Gallardón y otros exregidores autonómicos como Francisco Camps en la Comunidad de Valencia o Rafael Escuredo en Andalucía.
En 2013 todos los Consejos emitieron algo más de 7.000 dictámenes, mientras que el Consejo de Estado elaboró 1.344. Los partidarios de mantener los órganos autonómicos recurren a estos datos para argumentar que el Consejo de Estado, con sus medios actuales, no podría asumir la actividad de sus homólogos regionales. Sin embargo, muchas voces críticas entienden que su trabajo, que supone una garantía de los derechos del ciudadano, debería recaer en los tribunales, y no en organismos autonómicos que acaban tomado formas muy desiguales a lo largo y ancho del país.
Vía libre en tamaño y presupuesto
El de Madrid es el Consejo más ambicioso presupuestariamente. Aunque nació más tarde que el resto, en 2008, soporta una estructura que necesita unos 4,4 millones de euros al año. Puede tener entre 6 y 10 consejeros electivos (juristas con 15 años de experiencia o personas que hayan sido presidente de la Asamblea, consejeros y viceconsejeros, alcalde de Madrid o alto cargo de la Administración General del Estado con rango mínimo de subsecretario) y un número indefinido de consejeros permanentes (puestos reservados para los expresidentes). En total, a día de hoy y tras la entrada de González, son 11 los altos cargos del Consejo Consultivo de Madrid; su presidente cobra unos 105.000 euros brutos anuales, y los consejeros alrededor de 100.000 euros.
El siguiente por coste es el de Andalucía, que mantiene a 14 consejeros y posee un presupuesto de 3,5 millones de euros. Sus consejeros permanentes perciben algo mas de 60.000 euros, y los no permanentes perciben una dieta 420 euros por sesión, unas diez al año.
Cataluña posee dos órganos que cumplen esta función consultiva: el Consejo de Garantías Estatutarias y la Comisión Jurídica asesora. Entre ambas suman un presupuesto de más de 5,5 millones de euros, constan de 24 consejeros, y el presidente del primero de ellos cobra 112.00 euros anuales.
Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias mantienen sus Consejos por entre 2 y 2,7 millones de euros, con un número de consejeros que oscila entre los tres de Castilla y León y los 7 de Canarias, y con sueldos entre 57.000 y 70.000 euros.
Tras ellos, el Consejo Consultivo de Extremadura peligra tras conocerse la intención del nuevo presidente, Fernández Vara, de suprimirlo. Hasta ahora costaba 1,7 millones de euros y mantenía a cinco consejeros electivos, más un número variable de miembros permanentes.
Los consejos más austeros se encuentran en Aragón, La rioja, Baleares y Murcia, cuyos gastos no superan el medio millón de euros. Algunos, como los Consejos de Canarias y Baleares, no contemplan la entrada de otras figuras distintas a la de juristas con acusada experiencia.
