La Ley impide a los agentes forestales llevar a los tribunales los delitos ambientales y deja en manos de las comunidades autónomas la recalificaciones de las áreas quemadas. El PP ha aprobado este miércoles la reforma de la Ley de Montes que pretende mejorar el aprovechamiento forestal en España. Los puntos más controvertidos de esta nueva normativa son el traspaso a manos de las comunidades autónomas de la decisión de recalificación de los montes quemados y la pérdida de papel de los agentes forestales a la hora de denunciar delitos ambientales.
Para los socialistas, esta “peligrosa ley” favorece la “especulación” de las zonas quemadas y supondrá “en caos en el monte”. Sin embargo, los populares han indicado que lo único que se pretende es «proteger la biodiversidad, prevenir incendios, luchar contra el cambio climático y mejorar el aprovechamiento de los recursos forestales».
El diputado popular Manuel Torres ha atacado a la oposición por tener “un concepto rancio del monte, como algo que, porque es de todos, no se puede tocar”. “Esta ley ni degrada a los agentes forestales, ni suprime planes ordenación de los montes, ni recalifica urbanísticamente bosques quemados”, se ha defendido Torres.
Por su parte, Izquierda Plural ha asegurado que “la especulación urbanística tiene la puerta abierta con esta ley» y ha acusado al PP de utilizar esta Ley «para brindar el trasvase Tajo-Segura saltándose varias directivas y evadiendo periodos de información pública».
Y es que, la ley impide a los agentes forestales llevar a los tribunales los delitos ambientales y además elimina la necesidad de que las comunidades autónomas, ahora responsables de la recalificación, tenga la obligación de crear planes de gestión para los espacios forestales privados.
Este texto aprobado gracias a la mayoría del PP regula más del 54 % superficie del país, 27,7 millones de hectáreas que están consideradas suelo forestal, de las cuales dos tercios son de titularidad privada.
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