Este puesto es vitalíceo pero debería terminar tan pronto como Cifuentes disuelva este órgano consultivo regional. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha comenzado a ostentar su puesto como consejero permanente del Consejo Consultivo de la región, trabajo con el que ganará un sueldo de 8.500 euros de manera vitalicia en caso de que la actual presidenta no disuelva este órgano, a pesar de haberlo acordado con Ciudadanos en las negociaciones previas a la investidura.
Y es que, el Reglamento del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, los ex presidentes regionales pueden solicitar su acceso al cargo de consejero permanente vitalicio «en cualquier momento, previa declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad» alguna.
Esta normativa contempla que el sueldo de consejero debe oscilar en torno a los 8.500 euros brutos mensuales, que equivalen a unos 5.500 euros netos. Además, se le facilitan medios humanos y técnicos para el correcto ejercicio de su trabajo.
Este puesto ya lo ocupan los expresidentes regionales Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y Joaquín Leguina (PSOE) y en total forman un consejo con 11 miembros liderado por el popular Ignacio Astarloa, que fue secretario de Estado de Seguridad durante el mandato de José María Aznar. Sin embargo, Esperanza Aguirre rechazó este puesto para incorporarse a su plaza de funcionaria en el Ministerio de Industria.
Se prevé que González se mantenga en este puesto mientras dura su periodo de incompatibilidad, que es de tres años para los presidentes regionales, y durante este tiempo tampoco podrá trabajar en ningún puesto público de representación popular, por su puesto como consejero. Además, él mismo ha declarado que no volverá a ocupar su puesto como técnico superior del Ayuntamiento de Madrid, plaza que consiguió por oposiciones en 1984.
4,4 millones de presupuesto
El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid tuvo el año pasado un presupuesto de 4,4 millones de euros. Su misión es emitir dictámenes sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, revisión de actos administrativos, contratación o proyectos de reglamentos, o sobre cualquier otro asunto de «trascendencia o repercusión» sobre el que el presidente o el Consejo de Gobierno le consulten.
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