La Unión Federal de la Policía asegura que los sindicatos están supliendo la labor de formación que debería hacer la Dirección. Los sindicatos policiales se ven obligados a encargarse de la formación de sus efectivos ante la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código Penal. Tanto la Confederación Nacional de Policía (CEP) como la Unión Federal de Policía (UFP) denuncian que la Dirección General del cuerpo debería “haber puesto más atención” a la actualización de los policías, teniendo en cuenta que las reformas entran en vigor este miércoles 1 de julio.
“Los sindicatos están supliendo la labor de formación que debería hacer la Dirección”, afirman desde UPF. Las agrupaciones policiales no han recibido el anuncio de posibles cursos sobre las reformas ni ningún otro tipo de instrucciones desde la cúspide policial ni el Gobierno. “Esta reforma del Código Penal es igual o más importante que la de 2012” y requiere “la implicación directa” de los efectivos policiales, denuncian las mismas fuentes sindicales.
“Ante la reforma del Código Penal de 2012 sí hubo un curso de actualización obligatorio”, afirma Antonio Labrado, de CEP, que pese a valorar de forma positiva la reforma, quiere “hacer constar que es necesaria más implicación” desde la Dirección y el Ejecutivo. La CEP ha elaborado material editorial y cursos online que ha hecho llegar a sus 25.000 afiliados.
En cuanto al contenido de la Ley de Seguridad Ciudadana, UFP no quiere entrar a valorar una norma que es “una nueva herramienta de trabajo” para los efectivos y “una carga de trabajo igual” a la anterior. Desde la CEP sí valoran positivamente el cambio de una ley que data de 1992 “por las nuevas conductas ciudadanas” que deben ser incluidas.
Además, el sindicato valora positivamente la desaparición de las faltas en el Código Penal y su paso a la vía administrativa por ser “menos degradante” para la ciudadanía: por ejemplo, “hacer pasar la noche en comisaría a una persona acusada de hurto” cuyo domicilio no puede ser identificado, es para Labrado, portavoz del CEP, un procedimiento exagerado que puede realizarse de forma más “laxa” con la nueva ley.
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