La ONU ampara una demanda contra España por un desahucio

El desahuciado es un refugiado político argelino, con esposa y dos hijos menores de edad. Lleva esperando desde 1999 una vivienda de alquiler social del IVIMA que no llega. El comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha admitido a trámite la denuncia por el caso del desahucio de la familia de Mohamed Ben Djazia, un refugiado político argelino, con esposa y dos hijos menores, que desde hace 16 años solicita al Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) una vivienda de alquiler social, renovando todos los años la documentación requerida para ello.

Mientras esperaban respuesta, vivían de alquiler hasta que Mohamed se quedó sin trabajo, sin ingresos, sin renta mínima de inserción y finalmente sin casa, tras la denuncia del propietario y los trámites judiciales por impago de renta.

Algunos de los argumentos a los que el afectado debe dar gracias por que la defensa haya elevado la queja ante el comité de la ONU se basan en el “incumplimiento de la obligación legal del Estado de evitar que una familia sin recursos acabe en la calle”, así como de las “garantías legales que deben procurarse a las personas amenazadas de perder una vivienda”. Ambas se centran en el incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), firmado por España en 1977, que forma parte de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La familia de Mohamed Ben Djazia agotó todos los pasos hasta que su defensa elevó la queja a Ginebra para que el comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU lo valorase por “vulnerar el artículo referido al derecho a una vivienda como parte del derecho a un nivel de vida adecuado”.

«Si hay condena, supondría el obligatorio cumplimiento del PIDESC, con la posibilidad de exigir en tribunales que la Administración provea de una vivienda social a las familias desahuciadas», explica el portavoz de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Popular de Tetuán, que ha acompañado a la familia en todo este duro trance.

El afectado ha declarado que el Gobierno lo culpa de “ser el responsable, por no buscar activamente empleo, ni vivienda y que la Administración ha hecho todo lo posible”. Además, ha agregado que “era un contrato de alquiler privado y que ahí no tienen nada que hacer. Es demencial”.

El desahucio se produjo el tres de octubre de 2013, tras ser aplazado un mes y con un recurso de Amparo presentado al Tribunal Constitucional, que contestó en febrero de 2014 para inadmitirlo por no apreciar que se hubiera vulnerado ningún derecho fundamental.

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