El proyecto de Real Decreto se estima eficiente por su objeto y por la finalidad que persigue, según explica la propuesta de informe. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado al Gobierno a que obligue a coordinar los distintos sistemas utilizados en las comunidades autónomas a través del Real Decreto sobre comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia. El órgano de gobierno de los jueces defiende que se podría llegar a una «integración» de la Justicia en el territorio nacional estableciendo sistemas telemáticos compatibles entre sí.
La encargada de transmitir este mensaje ha sido la vocal Victoria Cinto, ponente en el debate que se producirá el próximo jueves, en el que se votará la propuesta de informe al Real Decreto, cuyo texto representa un avance en el desarrollo e implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. La explicación que expende es que puede servir como instrumento normativo para ayudar al aumento del sistema de las comunicaciones y notificaciones electrónicas.
El informe destaca que parte del contenido del proyecto necesita la aprobación de ciertas normas legales, además de la resolución de medios técnicos, dentro de un contexto en el que confluyen diferentes Administraciones con sistemas propios. A su vez, su coordinación depende del CGPJ y la compatibilidad resulta esencial si se quiere conseguir el objetivo principal de implantar las comunicaciones telemáticas en los departamentos de Justicia.
Por otro lado, la vocal Roser Bach ha sido la ponente del informe de Anteproyecto de Ley acerca de la restitución de bienes culturales que salieron de España o de otro Estado miembro de la UE de manera ilegal y que también será debatido el próximo jueves.
Esta renovación tiene como objetivo mejorar la protección del patrimonio cultural y aumentar los mecanismos de información así como las competencias de las autoridades centrales defendiendo que es necesario «ampliar la protección de los bienes culturales españoles ilícitamente exportados con anterioridad a dicha fecha que hubiesen eludido los controles aduaneros».