El sindicato liderado por Cándido Méndez en Andalucía ha sufrido el mayor desplome ya que UGT sólo logra un 15% de votos frente al 26% de las últimas elecciones del año 2011. CCOO se queda con un 14% en relación al 22% anterior. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se sitúa por primera vez en lo más alto de las votaciones en las elecciones de la Administración General del Estado y Justicia. Este resultado se produce por el descenso de votos para UGT y CCOO, ya que ambas agrupaciones se han visto envueltas recientemente en escándalos políticos que pueden haber ocasionado tal impacto en las votaciones.
El referéndum independentista celebrado en Cataluña ha tenido algo que ver ya que el apoyo que ofrecieron estos dos grupos sindicales a la independencia parece haber provocado la pérdida de votos. Además, hace algunos días salieron a la luz ciertas irregularidades de la UGT, relacionadas con la elaboración de facturas falsas para desviar ayudas públicas con otros fines que podrían ascender a 17 millones. El sindicato está siendo cuestionado por la Junta de Andalucía en una investigación interna por la presunta trama que dio a conocer recientemente el diario El Mundo.
Las elecciones para elegir la representación sindical en los empleados públicos (incluyendo al personal funcionario y al laboral) han dado como ganador a la CSIF que se alza con un a 26,19% de los votos y que es la única organización cuya representatividad aumenta en estos comicios. CCOO (19% de los votos) ocupa el segundo puesto y UGT (17,47% de los votos) queda como tercera fuerza elegida.
El sindicato de funcionarios explica los datos obtenidos como resultado de la necesidad de «defender el papel de los trabajadores de las administraciones y contrarrestar la brutal campaña de desprestigio». Además, ha demandado la negociación de un nueva `hoja de ruta´ por parte del Gobierno para que los funcionarios puedan aspirar a recuperar su poder adquisitivo. Todo ello se mueve dentro del objetivo principal que tiene que ver con «recuperar las condiciones laborales de los empleados públicos» y aumentar «la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos».
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