Justicia

Pedraz imputa al exministro Asunción por la quiebra de Banco de Valencia

Audiencia Nacional

El Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España en noviembre de 2011, teniendo que recibir ayudas públicas de 4.500 millones de euros para no entrar en liquidación. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado al exministro socialista del Interior, Antoni Asunción, por los supuestos delitos vinculados al Banco de Valencia, de administración fraudulenta y apropiación indebida que podría haber cometido en relación con la venta de su participación en la piscifactoría Acuigroup Maremar a dicha entidad.

La imputación del exministro de Felipe González se produce en relación con una de las querellas que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga en relación con las distintas irregularidades cometidas en la gestión del citado banco.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) presentó una decena de querellas por el diseño y la aprobación, por parte de distintos exdirectivos del Banco de Valencia, de operaciones de financiación que resultaron “verdaderamente ruinosas”, principalmente negocios inmobiliarios a los que se aparejó la concesión de créditos, presuntamente irregulares, y que depararon un elevado perjuicio económico a la entidad financiera.

Pedraz investiga a Asunción en una de las piezas que ha abierto sobre las “posibles irregularidades detectadas en la gestión del Banco de Valencia”, que fue intervenido por el Banco de España el 21 de noviembre de 2011 y tuvo que recibir ayudas públicas de 4.500 millones de euros para salvarse de la liquidación. La entidad fue vendida en noviembre de 2012 por un euro a CaixaBank.

El exministro fue responsable de Interior bajo el Gobierno de Felipe González desde noviembre de 1993 hasta mayo de 1994, cargo que abandonó por asumir la responsabilidad política por la fuga del exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán, que finalmente resultó condenado a 30 años de prisión por apropiarse de 10 millones de euros mediante operaciones ilegales en el proceso de contratación de obras de construcción y rehabilitación de cuarteles de la Guardia Civil.

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