La pena por “ultraje a España” fue una de las sanciones suprimidas en el cambio de la Ley de Seguridad Ciudadana entre su propuesta original y los trámites emprendidos para su realización. El recurso de la oposición contra la Ley orgánica de seguridad ciudadana ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, presentado para “frenar los recortes del PP”. La entrada en vigor de esta ley está programada para el próximo día 1 de julio. A partir de esta decisión del TC, el Congreso, el Gobierno y el Senado disponen de 15 días para presentar alegaciones.
La llamada `ley mordaza´ fue definida así por diferentes partidos que la recurrieron el 20 de mayo «por vulnerar el derecho a la dignidad, a la intimidad de las personas, a la libertad de información, a la tutela judicial efectiva, y el derecho de reunión y el de manifestación». PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai se juntaron en una oposición contra la propuesta del PP, una norma que había sido aprobada anteriormente, el 26 de marzo, por el Congreso de los Diputados, y que calificaron como inconstitucional.
La mayor atención recae sobre las denominadas “devoluciones en caliente”, reflejadas en el texto de la ley como “rechazos en frontera”. Los resultados no contentaron a esta oposición a pesar de que, durante el trámite parlamentario, se ocasionaron algunos cambios que eliminaron o disminuyeron algunas de las sanciones propuestas más controvertidas. De cualquier manera, las multas más altas llegan a los 600.000 euros para aquellas personas que se manifiesten ante “infraestructuras críticas”.
Si esta Ley – defendida por el secretario de Estado de Seguridad como “más garantista” que la actual, la `ley corcuera´ – ve la luz finalmente y empieza a funcionar su aplicación efectiva, algunas de las consecuencias más inmediatas serás los castigos a quienes ocasionen desórdenes callejeros y se multará a quienes hagan públicas fotografías de policías que “pongan en peligro su seguridad personal o familiar”.
El recurso fue presentado tres días antes de las elecciones autonómicas y municipales en el Tribunal Constitucional, gracias a la unión de todos los diputados de la oposición, con excepción de CiU. El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ofreció una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces en la que explicaba la decisión conjunta ya que dicha ley vulnera, entre otros, el derecho de reunión y manifestación, a la información y a la tutela judicial efectiva, según explicó.
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