La Fravm denuncia que el contrato de Valdemíngomez y el concurso del mobiliario urbano atan las manos al futuro alcalde a través de indemnizaciones. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) denuncia que la alcaldesa en funciones de Madrid, Ana Botella, ha adjudicado a Ferrovial un contrato por más de 16 millones de euros para la explotación de la planta de tratamiento de biogás de Valdemingómez durante los próximos 11 años y que también “en tiempo de descuento” ha sacado a concurso el contrato para adjudicar la gestión de mobiliario urbano de la capital durante los próximos 12 años. El colectivo vecinal destacando que en ambos casos, Botella ata las manos a la Corporación entrante, ya que si próximo regidor quisiera dar marcha atrás en estas decisiones deberá indemnizar a las compañías.
En relación a Valdemíngómez, la Fravm se queja de que “a menos de dos semanas de constituirse la nueva Corporación Municipal, en la que previsiblemente el Partido Popular no podrá asumir responsabilidades de gobierno, la alcaldesa en funciones adjudica un contrato de larga duración e importante presupuesto que el nuevo gobierno municipal deberá formalizar en junio, ya que de no hacerlo, la empresa adjudicataria podría reclamar una importante indemnización que debería detraerse de las arcas públicas.
Para el colectivo vecinal, “este es un ejemplo más de cómo ha venido funcionando el Consistorio madrileño en la gestión de los servicios de recogida y tratamiento de residuos de la ciudad, donde cuatro empresas se reparten el negocio de la basura. Recordando que “de hecho, ya en un intento anterior de adjudicar la explotación de esta planta, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia detectó irregularidades en la licitación por una supuesta connivencia de las empresas interesadas, paralizándose el proceso de licitación”.
Contratos ‘in extremis’
Asimismo, la federación vecinal critica que se licite el concurso de gestión del mobiliario urbano de Madrid durante un periodo de 12 años habida cuenta de que no corría ninguna prisa ya que la adjudicación en vigor no caduca hasta el próximo mes de diciembre.
Y hacen notar no sólo la importancia del contrato -que reportará un beneficio de cerca de 50 millones de euros a la empresa adjudicataria- sino que también, y tal y como informa elmundo.es, obligaría al nuevo equipo de Gobierno a pagar indemnizaciones a las empresas que opten al concurso por los gastos en los que hubieran incurrido.
La Fravm dice no entender “que en el tiempo de descuento de un mandato se puedan tomar este tipo de decisiones que comprometen por mucho tiempo y dinero a la ciudad. No es serio que un gobierno saliente condicione de esta manera al que le sucede”.
Consideran desde este colectivo vecinal que “dicha forma de adjudicar contratos in extremis es contraria a la buena gobernanza que reclama la ciudadanía madrileña y, por ello, nos parece inaceptable”, concluyendo que “Madrid necesita más transparencia, equidad, participación y responsabilidad en su gobierno, de modo que la gestión municipal sea efectiva, eficiente y sin corrupción”.
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