En su habitual informe de recomendaciones, la Comisión Europea insiste en ligar salarios a productividad y en avanzar en la privatización de los bancos nacionalizados. La Comisión Europea ha vuelto a extender su receta para que España cumpla con el objetivo de déficit. Esta vez, a las puertas de los comicios del 24 de mayo, la recomendación de Bruselas al Gobierno de Rajoy pasa por más control a las autonomías y hace hincapié en la necesidad de más recorte en el gasto sanitario.
El informe comunitario reviste esta solicitud de más tijeretazos a la Sanidad Pública bajo la necesidad de “mejorar la eficacia en materia de costes del sector sanitario y racionalizar el gasto farmacéutico hospitalario”. Una circunstancia que llega justo a las puertas de elecciones en la mayor parte de comunidades autónomas del país, organismos que tienen transferidas las competencias en materia sanitaria.
Bruselas insta a Rajoy además a que refuerce “la transparencia y la rendición de cuentas de las finanzas públicas regionales”. Una cuestión que liga a la necesidad de comprobar la implantación de las “medidas estructurales necesarias” para garantizar que el déficit se queda por debajo del 3% del PIB especialmente en las regiones.
En la amplia lista de deberes que la Comisión Europea pone al Ejecutivo español vuelve a estar el ligar salarios a productividad, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre regiones, sectores y tipos de empresa. A pesar de todo, las recomendaciones que han llegado desde el corazón de la Unión Europea son en esta ocasión mucho más suaves y muchas menos que en ocasiones anteriores.
La reestructuración bancaria también se hace hueco en el pliego de recomendaciones. Se insta a que el Gobierno acelere el proceso y avance en la privatización de las antiguas cajas de ahorros que fueron rescatadas con fondos públicos comunitarios. Tal es el caso de Bankia, donde pese a haberse celebrado ya una colocación de acciones las arcas públicas no han recuperado de forma efectiva aún un solo céntimo.
Ahora, la lista de tareas pendientes debe ser aprobada por el Ecofin y los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre europea de finales del próximo mes de junio. Uno de los puntos más complejos del orden del día de esta reunión será validar uno por uno los informes redactados para cada país miembro de la Unión.
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