El fiscal Casado González califica de “auténtico disparate jurídico” el recurso interpuesto por la defensa del juez inhabilitado por encarcelar a Blesa. El fiscal del Tribunal Supremo, José María Casado González, se ha opuesto este viernes a anular la condena de 17 años y medio de inhabilitación impuesta al juez en excedencia Elpidio José Silva por un delito de prevaricación continuada cometido durante su investigación sobre el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a prisión. En su opinión, el recurso interpuesto por su defensa contra esta decisión constituye un auténtico “disparate jurídico”.
Durante la vista celebrada este martes en el alto tribunal para revisar la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Casado González ha destacado que el fiscal recurrió hasta en 10 ocasiones distintas decisiones tomadas por el que exmagistrado y ha minimizado la trascendencia, pretendida por la defensa de Silva, de que la decisión de inhabilitarle contara con un voto particular.
“El voto disidente no es el de la mayoría, ésta considera lógico y racional que el acusado pretendió instruir una causa general contra Blesa”, ha destacado el fiscal.
El abogado defensor de Silva, que ha presenciado la vista desde los bancos habilitados para el público, ha destacado, por su parte, que las resoluciones de su defendido pueden considerarse erróneas o incorrectas pero, en ningún caso, prevaricadoras. Gonzalo Boyé también ha manifestado que sus decisiones fueron revisadas por otras instancias de los tribunales madrileños que nunca detectaron que pudiera estar incurriendo en una prevaricación.
Por su parte, el abogado de Blesa, Carlos Aguilar, afirmó que Silva “prevaricó a ciencia y a conciencia” y lo dijo durante la exposición que hizo este letrado de su informe ante los magistrados del Alto Tribunal Manuel Marchena, Francisco Monterde, Andrés Palomo, Carlos Granados y Andrés Martínez Arrieta, que ha sido designado ponente, juece sque estudiarán la sentencia en la que se le atribuía un delito de prevaricación continuada en concurso con dos delitos contra las garantías constitucionales y que conllevó su expulsión de la Carrera Judicial.
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