Jordi Pujol ha restado importancia a una posible rebaja del Estatut por el Constitucional al considerar que las transferencias contempladas en el texto se pueden negociar independientemente. Sus palabras contrastan con las advertencias de Montilla ante posibles recortes del tribunal.
En un momento en el que los dirigentes catalanes han lanzado varias advertencias ante posibles recortes del Estatut, el ex presidente catalán y de CiU, Jordi Pujol, ha recordado que más allá de lo contenido en el texto autonómico, lo cierto es que muchos asuntos como el del traspaso de Cercanías o el nuevo sistema financiación se han tenido que negociar al margen. Por tanto, las posibles modificaciones en el Constitucional no serían un impedimento para conseguir una mayor autonomía.
Las palabras de Pujol se enmarcan en la estrategia de CiU de convertirse en ‘partido bisagra’ en Madrid. Se trata de recuperar el protagonismo parlamentario que tuvo durante las legislaturas de José María Aznar, para poder negociar más transferencias para Cataluña. Durante un desayuno-coloquio con el escritor Javier Cercas organizado por el Centro de Estudios, Pujol incluso puso en duda que los progresos que puede representar el Estatut compensen el “gran desgaste” sufrido por Cataluña a lo largo de todo el proceso.
Dos días después de que el presidente catalán José Montilla advirtiera al tribunal de que una rebaja en el Estatut provocaría una grave fractura social, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reclamado calma. Durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo egipcio, Ahmen Nazif, en El Cairo, Zapatero mostró su confianza en el buen criterio del Constitucional y aclaró que cuando se produzca la sentencia “haremos las valoraciones oportunas”.
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió hoy que se acaben las “presiones de toda índole” sobre el tribunal y recordó que las sentencias judiciales deben ser acatadas.
Más críticos han sido los líderes de izquierda. El diputado Joan Herrera, de ICV, y Gaspar Llamazares, de IU, que han señalado al Gobierno por la actual situación. La politización de los nombramientos en los órganos judiciales, principal problema.
Ya sea preguntado por las acusaciones de presión del PP o por la politización existente en la Justicia, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, recuerda la constitucionalidad del Estatut, así como el consenso que existió en su aprobación.
El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, se ha unido a las críticas y ha amenazado con la independencia de Cataluña en España. “Los catalanes tendrán que empezarse a preguntar en qué interesa España a Cataluña”.
