La sentencia del TSJCM abre la puerta a un aluvión de reclamaciones por parte de los cerca de 41.000 afectados por los recortes. La sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha ‘tumbado’ la orden por la que el Gobierno regional modificaba las ayudas a la dependencia en dicha comunidad puede salirle muy cara a María Dolores de Cospedal.
Y es que ya que Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha anuncia que va a poner a disposición de todas las “personas en situación de dependencia que hayan visto reducida, modificada o eliminada la prestación o servicio que venían recibiendo” los medios necesarios para que recurran y reclamen la recuperación de dichas ayudas. Y la cosa no es baladí, ya que este colectivo cifra en 41.000 los afectados y en 17 millones de euros el dinero a devolver.
Dicha plataforma -que fue la que recurrió la polémica reforma- informa que después de que el TSJCM haya declarado nula de pleno derecho la Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la misma región que en 2013 modificó las prestaciones de la dependencia va a poner a disposición de los afectados un documento tipo de reclamación para “todas las personas en situación de dependencia que hayan visto reducida, modificada o eliminada la prestación o servicio que venían recibiendo”.
Y explican que dichas reclamaciones las podrán presentar todos los dependientes cuyos grados de prestación o de servicio hayan sido revisados y cuya resolución tenga fecha posterior a 8 de agosto de 2013, que es la fecha en la que entraba en vigor la Orden ahora declarada nula
Aclara dicho colectivo en su comunicado que “en primera instancia dichos documentos de reclamación se podrán enviar por correo electrónico a la dirección de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha que nuestra asociación facilitará a todos los interesados en presentar dicha reclamación”
Pero señalan que “de no tener la contestación que la Consejería debiera dar se presentarían de forma física lo que provocaría el colapso de los registros de las instituciones regionales”.
La plataforma asegura que la sentencia, “que afectaría a más de 41.000 dependientes, supondrá para las arcas del Gobierno que preside María Dolortes de Cospedal, y por tanto para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, una cantidad que podría estar en 17 millones de euros”.
Por lo que instan “al Gobierno de Cospedal para que de las instrucciones oportunas a su Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, para que no ‘obligue’ a tantas miles de personas en situación de dependencia a volver a pasar por el sufrimiento de tener que reclamar lo que se les ha arrebatado en base una legislación que, según el Tribunal Superior de Justicia, nunca debería haber tenido validez y restituya de oficio sus derechos”.
