Carmona llevará a los tribunales a Botella si convierte el mercado de Legazpi en un centro comercial

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Carmona llevará a los tribunales a Botella si convierte el mercado de Legazpi en un centro comercial

Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid

Los vecinos se oponen, a que un edificio público protegido, catalogado como patrimonio urbanístico y con un uso dotacional, pase a manos privadas. El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, exige la paralización inmediata del proyecto de Ana Botella de convertir el Mercado de Frutas y Verduras en un centro comercial y ha anunciado que acudirá a los tribunales si el Ayuntamiento no frena “este último expolio” a los madrileños que quiere perpetrar el PP a pocas semanas de las elecciones.

En su Twitter, Carmona exige la paralización del proyecto y anuncia su intención de acudir incluso a los tribunales “si no se atienen a razones para frenar este último expolio que quiere hacer el PP apenas a semanas de un cambio de gobierno como auguran todas las encuestas”, aseguraba el cabeza e lista del PSM al Ayuntamiento de la capital.

En opinión de Carmona “es absolutamente inconcebible” e ilegal” que “un espacio que debe ser de uso público en un barrio donde faltan dotaciones precisamente se dedique a un centro comercial. Y dice que “se ha hecho de espaldas a los vecinos para favorecer a los amigos y amiguetes del PP, como ahora estamos viendo”.

Rechazo vecinal

Hace una par de semanas, y a través de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) el Espacio Vecinal de Arganzuela alertaba de la “maniobra del Ayuntamiento de Madrid para ceder durante 40 año el mercado de frutas y verduras de Legazpi, patrimonio arquitectónico público, para zona comercial, spa-fitness y mercado gourmet”.

Los vecinos que quieren que este espacio se utilice para instalar dotaciones ciudadanas y deportivas para el barrio, denuncian que los 8 años en los que el mercado ha estado abandonado “los responsables del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento están intentando culminar una operación para que al menos el 90% de un edificio público protegido, catalogado como patrimonio urbanístico y con un uso dotacional, pase a manos privadas de promotores inmobiliarios para convertirlo en ocio de lujo”.

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