Remite un escrito a la juez en el que acusa a IU y UpyD de pretenden obtener “ilegítimos réditos electorales” a través de la causa. El PP ha denunciado ante la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid que se encuentra en una posición de “absoluta indefensión” en la causa en la que se investiga el borrado de los ordenadores del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, y que desapareció durante la fase de tramitación de los recursos.
En un escrito remitido a la magistrada al que ha tenido acceso Europa Press, el representante legal del partido, Alberto Durán, precisa que ha tenido información a través de los medios de la reconstrucción del procedimiento con el que -dic- “al parecer tiene relación mi representado como sujeto pasivo” y solicita que se le tenga por personado como querellado, petición que ya ha sido aceptada por la titular del Juzgado.
La formación asegura, además, que las acusaciones populares, IU y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) pretenden obtener “ilegítimos réditos electorales” a través de la causa.” “Al parecer se va a permitir a los querellantes, formaciones políticas que tienen un evidente interés en socavar la imagen pública del PP que aporten documentos sobre los que obran fundadas dudas”, se queja.
La juez madrileña encargada de las diligencias previas en las que se investiga el borrado de los ordenadores de Bárcenas, finalizó la pasada semana la reconstrucción del procedimiento y los remitirá a la Audiencia Provincial en los próximos días, han informado fuentes jurídicas.
Además de aceptar la personación del PP, la titular del Juzgado de Instrucción 32 le ha dado traslado del recurso presentado por UPyD contra su decisión de archivar la causa para que le informe, en un plazo de cinco días, sobre el mismo. Al término de este plazo, elevará de inmediato el procedimiento a la instancia superior para que decida sobre el sobreseimiento.
La Oficina Judicial investiga la desaparición
El procedimiento desapareció después de que fuera archivado en octubre de 2013 cuando aún estaba pendiente de la resolución de recursos. La Oficina Judicial ha abierto un expediente gubernativo para averiguar lo ocurrido.
El juzgado 32 asumió la investigación después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considerara que el caso no era de su competencia tras advertir que “la manipulación” de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.
Su titular decidió archivar provisionalmente la investigación hace casi año y medio al no apreciar daños debido a que los ordenadores eran propiedad del PP aunque los usara el extesorero. Precisaba que tampoco se podía hablar, por el momento, de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas y para que haya encubrimiento tiene que estar probado el delito.
