La Fiscalía pide prisión para la cúpula de Camps y el juez Castro investiga si empresarios afines pagaron la reforma de la sede del PP en la época de Matas. Día negro para el PP en los tribunales. La supuesta financiación irregular del PP en Valencia y Baleares estalla cuando quedan 100 días para las elecciones autonómicas y municipales. Hoy, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado casi ocho años de cárcel para la antigua cúpula del presidente Francisco Camps por haber, supuestamente, financiado ilegalmente las campañas electorales de 2007 y 2008, así como por un presunto delito de falsedad documental, mientras que el juez Castro ha decidido investigar una presunta financiación irregular del Partido Popular de Baleares durante la última legislatura de Jaume Matas, para saber si empresarios afines al partido subvencionado al partido y pagado la reforma de su sede.
En concreto, y en relación a la Comunidad Valenciana, la Fiscalía acusa al exsecretario general Ricardo Costa, al exvicepresidente del Gobierno valeniciano Vicente Rambla, a David Serra (ex diputado autonómico) y a Cristina Ibáñez (ex gerente del PPCV) de tres delitos electorales (en las autonómicas y las municipales de 2007 y las generales de 2008) y de uno de falsedad documental entre esos dos ejercicios.
Asimismo el escrito se dirige contra otras 15 personas, entre ellas los cerebros de la red corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez y los empresarios valencianos Vicente Cotino y Enrique Ortíz.
Empresarios favorecidos
Por otra parte, y en este día negro para el PP en los tribunales, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado abrir una nueva pieza en el marco del caso Palma Arena, con el objetivo de investigar la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la compra y reforma de su sede, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).
Así lo ha determinado el juez mediante un auto dictado este viernes, en el que cita además a declarar como testigo, el próximo día 24, al exconcejal de Urbanismo Javier Rodrigo de Santos, quien el pasado año realizó una confesión en torno a estos hechos. Castro da así respuesta a la documentación presentada ayer por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, quien entregó facturas relativas a la reforma del inmueble para su incorporación al caso Palma Arena, tal y como informa Efe.
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