Han anunciado quejas al Gobierno y al Defensor del Pueblo y estudian emprender acciones jurídicas porque los recortes están provocando la interrupción de tratamientos. Los funcionarios afectados por los recortes de Cristóbal Montoro a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) han decidido movilizarse para que Hacienda restablezca la financiación y para evitar que se sigan interrumpiendo tratamientos a pacientes con enfermedades graves como el cáncer. Han anunciado que presentarán quejas ante varios ministerios y también ante el Defensor del Pueblo, y estudian emprender acciones jurídicas para acabar con el ‘vía crucis’ de los afectados.
En una rueda de prensa, CSI-F, la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han anunciado que presentarán una queja formal al Gobierno por las “graves consecuencias” que están generando los recortes económicos sobre la prestación sanitaria de las mutuas Muface (funcionarios) y Mujeju (Militares).
Por su parte, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) también ha compartido esta reivindicación y han constatado los efectos de los recortes, aunque según han explicado por razones de su estatus jurídico -por su condición militar- no puede estar presente en las actuaciones reivindicativas que se han preparado.
Según han explicado estas organizaciones, la situación provocada por el ‘tijeretazo’ de Montoro a la financiación es muy preocupante, ya que se ha producido una “reducción de la oferta de hospitales y de especialidades médicas” que cubren para los mutualistas las empresas con concierto en muchas provincias.
“Damos la voz la alarma tras recibir quejas de afectados que han visto interrumpido su tratamiento. El Gobierno asegura que tienen derecho a la continuidad asistencial, pero hemos comprobado que no es así. Ni se concede de manera automática y ni siquiera está garantizada”, han asegurado estas organizaciones, que han anunciado una serie de “medidas de presión” para exigir al Ejecutivo central una solución.
En primer lugar, presentarán una queja formal al Ministerio de Presidencia y a los departamentos de Hacienda y Administraciones Públicas e Interior. Asimismo, también van a acudir al Defensor del Pueblo a presentar una queja, y van a estudiar la posibilidad de presentar acciones jurídicas para acabar con todos los problemas que se han registrado desde principios de año. Y por último, realizarán “asambleas informativas” dirigidas a los trabajadores afectados en los diferentes ámbitos de la Administración.
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