La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima denuncia el ‘mobbing’ inmobiliario que sufren los vecinos por la “omisión” de la sociedad Encasa Cibeles. El portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima, Enrique Villalobos denunció -en declaraciones a elboletin.com– “las prácticas mafiosas” que se están produciendo en algunos de los edificios vendidos por el IVIMA a Goldman Sachs-Azora por el “desentendimiento” de la sociedad que gestiona las viviendas: Encasa Cibeles.
Villalobos dice que en edificios de las calle Antonio Gades y de Valdecarros en el Ensanche de Vallecas se han metido ‘okupas’ peligrosos “de una manera organizada que intimidan a los inquilinos con cuchillos, pistolas y pedradas”, por lo que los vecinos “tienen miedo hasta de salir al patio”.
Señala el representante de esta asociación que “Encasa Cibeles se ha desentendido de estos pisos y se ha producido esta situación” por lo que acusa a esta entidad privada de “hacer mobbing inmobiliario” a los arrendatarios por “omisión”.
En el verano de 2013 el Gobierno autonómico, que preside Ignacio González, vendió 2.935 viviendas públicas a la unión de empresas Azora-Goldman Sachs por apenas 201 millones de euros, lo que provocó que el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid presentara una querella contra el Ivima por “malversación de caudales públicos y prevaricación continuada”, a la que se sumaron la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima y otras plataformas de perjudicados.
Los socialistas madrileños presentaron en febrero del año pasado una querella contra Ana Gomendio López de Asiaín, directora gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid, a la que atribuyen los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber aprobado unos pliegos que implicaron la venta a un precio que consideran “irrisorio” –68.484 euros de media por inmueble– de 2.935 viviendas de protección pública a la sociedad de gestión Azora y el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación.
La querella, firmada por los diputados socialistas José Quintana y Antonio Fernández Gordillo, acusa al Ejecutivo madrileño de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada al vender estos pisos por 200 millones cuando “en la peor valoración, costarían cerca de 369 millones de euros”, según informó en su día el PSM.
Fruto de dicha querella ya ha declarado como imputada la directora del Ivima imputada Ana Gomendio, mientras continúan las investigaciones.
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