La asociación Profesionales por la Ética advierten a Lucía Figar de su ilegalidad al «vulnerar el derecho de los padres a educar según sus convicciones». La asociación Profesionales por la Ética ha hecho público un comunicado en el que denuncia que “el borrador del Plan de Familia de Madrid” en el que está trabajando el Gobierno de Ignacio González “incluye la educación sexual en los institutos” algo que rechazan de plano por considerar que es ilegal que se imparta “sin el permiso expreso de los padres”.
Informa esta asociación en su nota que “el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales, está elaborando un Plan de Familia que estaría vigente entre 2015 y 2018” y dicen que el citado Plan, entre otros aspectos, incluye aspectos contra los que están totalmente en contra. Planificación familiar y educación sexual. Formación/Información de jóvenes y adolescentes en materia sexual y reproductiva. Además, de contemplar la participación de Institutos de Educación Secundaria en Campañas de carácter institucional, de Educación Sexual y Prevención de Embarazos no deseados que estén cargo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
Alicia Rubio, responsable de Libres para Educar, una iniciativa de Profesionales por la Ética, asegura que se ha puesto en contacto con el Instituto Madrileño del Menor y la Familia y la Consejería de Educación, que dirige Lucía Figar, “para recordarles que la educación afectivo-sexual no puede impartirse legalmente sin el permiso expreso de los padres”.
“La legislación española y los convenios internacionales firmados por España dejan muy claro que las administraciones deben garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales o filosóficas”, según Alicia Rubios, que insiste en que “los padres tienen que conocer y autorizar qué formación se les va a dar, quien la va a impartir y prestar su consentimiento expreso”.
Por otro lado, Rubio opina que “la educación afectivo-sexual que se imparte en los centros educativos públicos responde a unos valores y formas de comportamiento que no todos los padres comparten y precisamente por ello no se puede imponer como único modelo válido para el comportamiento de los jóvenes”.
Y concluye que “la eficacia de este tipo de educación sexual está cuestionada científicamente, ya que no logran ningún resultado sobre indicadores que pretenden reducir, como el aborto de adolescentes”.
