El juzgado 4 de de Vinaroz abre una causa por las prospecciones en la costa de Castellón tras la denuncia de la Fiscalía. El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) ha abierto una causa por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y ha imputado a 18 personas por presunta prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juez ha abierto un procedimiento sobre las prospecciones en la costa de Castellón tras la denuncia interpuesta por Fiscalía.
La causa se ha iniciado por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales, y el juez tomará declaración a 18 imputados. Entre ellos se encuentra el presidente de la empresa Escal-UGS Recaredo del Potro y los miembros del consejo de administración. Dos de ellos, Juan Cristóbal González Wiedmaier y José Alfonso Nebrera García, también son directivos de ACS.
La denuncia de Fiscalía se dirigía, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS,la sociedad participada en el 66,6% por ACS ,el grupo de Florentino Pérez.
Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta, recuerda Europa Press.
El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una «relación directa» entre la actividad de la planta Castor y los movimientos.
Escal UGS, concesionaria de la explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, realizaba trabajos que en el momento en el que se detectaron movimientos que se centraban en la inyección del gas colchón, que se usa para probar el correcto funcionamiento de la instalación.
La Fiscalía de Castellón acordó en octubre de 2013 incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en la zona norte de la costa de la provincia en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor. Tras las investigaciones realizadas, Fiscalía de Castellón decidió denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto Castor por presunta prevaricación medioambiental.
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