Francisco Correa también tuvo que pagar 200.000 euros tras pasar tres años y cuatro meses entre rejas. El ex tesorero del PP ha pasado, hasta ahora, 19 meses a la sombra. El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, podría abandonar la prisión de Soto del Real en libertad bajo fianza si reúne 200.000 euros, que es la fianza que ha impuesto en su caso la Audiencia Nacional. Aunque su mujer ha declarado en varias ocasiones que tanto ella como su marido se encuentran en la ruina –lo que hace pensar que no podrá abonar esa cantidad- la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha cifrado su fortuna oculta en 48,2 millones de euros.
Sea como fuere, la fianza impuesta a Bárcenas –involucrado en la trama Gürtel- coincide con la de Francisco Correa. El líder de la citada trama también tuvo que pagar 200.000 euros tras pasar tres años y cuatro meses entre rejas (el ex tesorero popular ha cumplido ‘sólo’ 19 meses a la sombra). Otro imputado de la Gürtel, Pablo Crespo, salió de la cárcel tras abonar 100.000 euros.
Sin embargo estas cantidades son bastante modestas en comparación a otras fianzas impuestas recientemente en casos de supuesta corrupción. Sólo quedan por debajo los 25.000 euros por cabeza que tuvieron que pagar los antiguos alcaldes de los municipios madrileños de Valdemoro y Serranillos del Valle, el popular José Carlos Boza y el independiente Antonio Sánchez, por su relación con la trama Púnica.
La infanta Cristina ingresó hace unos meses los 587.413 euros de su fianza en relación al ‘caso Noos’. La de su marido Iñaki Urdangarín, imputado en la misma trama, es mucho más abultada: 13,5 millones de euros. Isabel Pantoja, por su parte, enfrenta el pago de un millón de euros.
En el caso de los ex banqueros Miguel Blesa y Rodrigo Rato la Justicia ha exigido 16 millones de euros y tres millones de euros, respectivamente. Sin embargo, el ‘premio’ se lo llevan el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general, Ildefonso Ortega, a los que se ha impuesto una fianza solidaria de 138,2 millones de euros que deberán depositar por el “perjuicio económico” que causaron a la entidad, intervenida por el Banco de España en marzo de 2009.
