La vicepresidenta ha explicado que la declaración de una “situación de interés para la seguridad nacional” no reportará, “en ningún caso”, suspensión de derechos. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley sobre la Seguridad Nacional para, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dar respuesta a los “nuevos riesgos y amenazas” para el estado como el ciberterrorismo.
Esta ley dotará al Estado de las “herramientas adecuadas” para solventar estas situaciones y para coordinar de la mejor forma a los distintos organismos o administraciones competentes implicadas en los casos de amenaza a la seguridad nacional. Se trata, ha dicho la vicepresidenta, de dar un “funcionamiento óptimo, flexible e integrado de todos los recursos” disponibles.
El sistema que crea este anteproyecto de ley sobre la Seguridad Nacional estará bajo la dirección del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que estará apoyado por el Consejo de Seguridad Nacional, que actúa como comisión delegada del Ejecutivo y es la que se ha encargado de elaborar el texto del anteproyecto junto a los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Presidencia, ha explicado Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La norma, que será enviada al Consejo de Estado para que emita su dictamen, pretende “potenciar las capacidades del Estado para responder a nuevos desafíos” como la “ciberseguridad, seguridad marítima, espacio aéreo, y económico-financiera”. En ella, ha señalado la ‘número dos’ del Gobierno, se definen las competencias de cada organismo a la hora de operar en diversos escenarios que se definen según la particularidad de cada situación.
“Se cumple la función de complementar el vacío normativo existente en la actualidad” al respecto, ha indicado Santamaría, que ha recordado que en la actualidad sólo existen los estados de alarma, excepción y sitio. No obstante, hay circunstancias “en que es necesaria una mejor coordinación, mayor cantidad de medios” para la defensa de la Seguridad Nacional, y con ese objetivo se ha impulsado la norma.
Aunque la vicepresidenta ha querido dejar claro que “en ningún caso la adopción de una situación de interés para la seguridad nacional, que la llevará a cabo el presidente, comportará una suspensión de derechos”. Eso, ha remarcado, “sólo se da en los estados de alarma, excepción y sitio”.
