Los sindicatos critican que el presidente madrileño haya impulsado esta medida ignorando la tasa de paro del 25,9% que existe entre los docentes de la región. La última medida educativa impulsada por el Gobierno de Ignacio González sigue suscitando polémica. Los sindicatos han vuelto a la carga contra la contratación de profesores nativos para el Programa Bilingüe asegurando que esta iniciativa traerá consigo un aumento de las listas del paro. Concretamente, las organizaciones acusan al presidente madrileño de haber aprobado este nuevo ‘golpe’ a la pública ignorando la alta tasa de desempleo que existe entre los docentes de la región.
Según critica CSI-F en una nota, incorporar profesorado extranjero “sin tener en cuenta a nuestros docentes” y cuando existe “más de un 25,9% de paro” entre los maestros de la región “significa ir en contra del profesorado español e incrementar cada vez más las listas de desempleados”.
Para el sindicato, la medida de la Comunidad de Madrid es “poco eficaz, desde el punto de vista laboral, y de dudoso acomodo constitucional”. En este sentido, remarca que “no existe carencia de personal docente con competencias lingüísticas” y que, por tanto, “no es necesario incorporar expertos en dominio de lenguas extranjeras, sino aumentar el número de profesores habilitados” para enseñar estas materias.
Es por ello que CSI-F rechaza el Decreto 139/2014, de 29 de diciembre, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para regular la contratación de profesores nativos por favorecer a estos “en detrimento de los nacionales”. Además, recuerda que “ya existe una regulación para el profesorado, tanto para el acceso a la función docente en términos de equidad, capacidad, mérito, publicidad, como para el acceso a las listas de interinos” que “debe ser aplicada y no crear accesos diferentes para profesorado extranjero”.
Aunque eso no es todo, ya que el sindicato también carga contra el Gobierno regional por no exigir a los docentes extranjeros el conocimiento de la lengua española, al menos, en el mismo grado en que exige a los profesores españoles tener conocimientos de una lengua extranjera para considerarlos expertos en la misma (nivel C2). “Estimamos que es un requisito indispensable para llevar a cabo una práctica docente normalizada (reuniones con padres, participación en órganos de gobierno del centro, intervenciones en claustros…)”, dice CSI-F.
Y critica que tampoco se les pida ningún tipo de formación en docencia. “Además de estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto o el título de Grado correspondiente, deberían también disponer del título de máster de formación del profesorado para así tener el mismo perfil formativo que se les exige a los funcionarios para el ejercicio de la docencia”, remarca el sindicato, que dice que “no puede ser de otra forma si se persigue calidad en la enseñanza”.
Para la organización, la medida del Ejecutivo autonómico “atenta gravemente contra los principios de igualdad, mérito y capacidad legislados en nuestra Constitución” y “va crear una discriminación hacia nuestros docentes” así como “sistemas distintos de acceso a la función pública”. Todo ello, señala, en lugar de establecer un “sistema igual en todo el territorio nacional” en cuanto al sistema de acceso, titulaciones, habilitaciones, que se está diversificando y dificultando cada vez más la labor de los docentes, en especial los interinos.
