El colectivo dice que un sistema farmacéutico público para la investigación, producción y distribución de medicamentos permitiría librarse de los “chantajes” de las multinacionales. El alto coste de los fármacos de última generación contra la Hepatitis C se ha convertido en un escollo a superar por los enfermos a la hora de obtener el tratamiento. El Gobierno insiste en que los medicamentos llegarán a todos a los que les sea prescrito y dice que no se trata de una cuestión económica, pero las quejas no hacen más que multiplicarse y el elevado precio es una de las críticas más escuchadas. Ante esta situación, la Marea Blanca ha pedido que sea el sistema sanitario público el que se encargue de fabricar el genérico para tratar esta infección.
La Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS-Madrid) ha lanzado esta propuesta ante la situación de “alarma social” que se ha creado por las “dificultades” con las que se están encontrando los enfermos de Hepatitis C para acceder a los tratamientos más novedosos debido a los “astronómicos costes” que exigen las farmacéuticas.
El colectivo critica el “colaboracionismo” del Gobierno con estas multinacionales, que se produce ante la “dependencia absoluta” que tiene el sistema sanitario de la industria, y propone un cambio radical que permita librarse de los “chantajes” de estas compañías.
CAS-Madrid ha registrado un escrito dirigido a los partidos políticos en el que les exige que se comprometan “por escrito” a poner en marcha, en el caso de que alcancen responsabilidades de gobierno, “un sistema farmacéutico ‘público’ de investigación, producción y distribución que permita fabricar directamente los medicamentos que han perdido la patente, así como aquellos que, sin haberla perdido, sean considerados necesarios por motivos de salud pública”, como los últimos fármacos contra la Hepatitis C.
Aunque la Marea Blanca no se queda ahí y también propone otras medidas para resolver el problema de los afectados por el virus, como la “dispensación directa” en los centros sanitarios de los medicamentos prescritos en el nuevo sistema ‘público’, o la “exclusión del Registro” de aquellos medicamentos de eficacia dudosa u obsoletos.
Asimismo, aboga por la “derogación” de todas las normas que imponen el copago hospitalario, el compromiso de facilitar “medicamentos gratuitos” a todas las personas desempleadas y la financiación por el sistema de todos los medicamentos admitidos en el Registro. Se trata, dice CAS-Madrid, de impulsar una política del medicamento “al servicio la salud de las personas, no de las multinacionales”.
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