El juez ha decidido rechazar el recurso de apelación presentado por los abogados de la duquesa de Palma contra el auto de apertura de juicio oral del ‘caso Nóos’. El juez José Castro ha rechazado admitir a trámite el recurso presentado por los abogados de la infanta Cristina contra el auto de apertura de juicio oral del ‘caso Nóos’, dictado el pasado mes de diciembre, por lo que la duquesa de Palma tendrá que sentarse en el banquillo. Está acusada de ser cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido Iñaki Urdangarin.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha decidido no admitir el recurso de apelación presentado por los abogados de la Infanta, que pretendían que el magistrado elevase su resolución a la Audiencia Provincial de Baleares y que fuese ésta la que acordase si aceptaba o no los argumentos de la hermana del Rey contra su enjuiciamiento.
No obstante, Castro ya había avisado en su auto de que no cabía recurso alguno, por lo que era de esperar que inadmitiese a trámite la apelación de la infanta Cristina.
Los abogados de la duquesa de Palma, en su recurso, cargaban contra la “absolutamente desproporcionada e injustificada” fianza impuesta a la hermana del Rey, de casi 2,7 millones de euros, y pedían al juez Castro dejarla sin efecto. Además, informa Europa Press, reclamaban que se le aplicase la ‘doctrina Botín’ para evitar que acabe sentándose en el banquillo de los acusados.
Castro ha justificado la apertura de juicio contra la Infanta argumentando que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa que actuó presuntamente como pantalla y de la que ambos son propietarios.
En el auto emitido el pasado mes de diciembre, el magistrado resolvió no aplicar sobre Cristina de Borbón la denominada ‘doctrina Botín’, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la duquesa de Palma. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Agencia Tributaria, presunta perjudicada por los delitos cometidos, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre la Infanta.
