La asociación cristiana Profesionales por la Ética cree que la ley “obliga a promover la homosexualidad en la escuela”. La asociación cristiana Profesionales por la Ética considera que la ley catalana contra la homofobia “obliga a promover la homosexualidad en la escuela” y ha pedido a la Defensora del Pueblo que recurra la norma ante el Tribunal Constitucional.
Este colectivo informa en un comunicado que “la presidenta de Profesionales por la Ética, Leonor Tamayo, ha escrito a la Defensora del Pueblo para solicitarle que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia”, por considerar que dicha ley aprobada por el Parlamento de Cataluña “presenta serias dudas de constitucionalidad, al menos en lo que se refiere a educación”
Los ultracatólicos se quejanm en primer lugar, de que en la ley se define coeducación como “la acción educativa que potencia la igualdad real de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género”.
Y ellos consideran que “a partir de esta premisa, la ley obliga a aplicar este peculiar concepto de coeducación que consiste en incorporar una ‘valoración positiva de la conducta homosexual’ en los currículums, recursos formativos e itinerarios de formación de todo el alumnado, en los materiales escolares, en el plan de acción tutorial y reglamentos de convivencia de los centros, etcétera. Incluso se tiene que promover la diversidad afectiva y sexual en el sistema educativo no obligatorio que comprende, entre otros, las actividades deportivas escolares, las actividades de ocio, etc”.
Por lo que cree que, para la ley catalana, “la proyección en el ámbito educativo de la perspectiva homosexual (denominada LGBT en la ley) no tiene por objeto evitar un trato injusto hacia las personas que hagan actas homosexuales, sino que toda la comunidad educativa tiene que asumir este comportamiento como una cosa valiosa”.
A juicio de esta asociación cristiana, “la promoción de la valoración positiva de una conducta es incompatible con la neutralidad ideológica exigible a los centros docentes de carácter público, pues en los mismos queda prohibida cualquier forma de adoctrinamiento ideológico, «que es la única actitud compatible con el respeto a la libertad de las familias», como recoge la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional”.
En segundo término, los ultracatólicos consideran que esta Ley “vulnera el derecho de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos” y en tercer lugar, piensan que la norma “afecta a la libertad de cátedra de los docentes y contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que habilita a los profesores a resistirse a cualquier mandato de dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada”.
Finalmente, también denuncian que, lo que ellos llaman “la imposición de la ideología LGBT incluida en la norma catalana” vulnera el derecho de los centros docentes de iniciativa social a dotarse de un ideario, en la medida en que dichos centros quedan obligados a asumir unos contenidos que pueden ser incompatibles con el mismo”.
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