La información está disponible en el nuevo portal de transparencia inaugurado este miércoles. Sin embargo, no se pueden consultar los informes que avalaron el traslado. Este miércoles el Gobierno ha puesto en marcha el portal de transparencia que permite a los ciudadanos, entre otras cosas, consultar qué cargos públicos han pasado a ocupar puestos en el sector privado. Es decir, entender quién participa en lo que se conoce como ‘puertas giratorias’.
Bien es cierto que el portal sólo ofrece, por el momento, la lista de las autorizaciones concedidas en 2014 según la ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del gobierno y de los altos cargos. Y bien es cierto, también, que tampoco se puede consultar es el informe que permite al alto cargo pasarse a la empresa privada. En cualquier caso, los nombres que aparecen en dicha lista son 12.
Un solo alto cargo, Borja Adsuara Varela, obtuvo en julio pasado autorización para pasar de ser director general de Red.es a ocupar puestos en cinco empresas diferentes, según la información que aparece en el portal: Centro Universitario Villanueva, Universidad de La Rioja, Universidad de Tecnología y Arte Digital, Guidance y Walnuters.
Del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se han ido dos altos cargos en lo que va de 2014: Carlos Bastarreche Sagües, exembajador en la República Francesa, a Airbus Group, e Iñigo de Palacio España, exembajador en Chile, a Indra Sistemas S. A.
De Industria se marchan también dos personas: Marina Serrano González, exconsejera de la Comisión Nacional de la Energía, que pasa a Pérez-Llorca Abogados, y Luis Valero Artola, exsecretario general de Industria y Pymes que se fue al Consejo de administración de Enagas.
Otros nombres que aparecen son el de Cristina Coto del Valle, Ana Isabel Fernández Álvarez, José Manuel García Sieiro, José Manuel López Rodrigo, Manuel Quintanar Díez, Paula Sánchez de León Guardiola y Rosa Sanz Cerezo.
Según dicta la ley que regula los conflictos de intereses, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no pueden desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas «relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado». Es decir, si dictaron resoluciones en relación con esas empresas o si intervinieron en sesiones de órganos colegiados en los que se adoptaron esas resoluciones.
